Horas antes del explosivo debate en la Comisión Segunda de Presupuesto de la Asamblea de Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro hizo un llamado público a través de sus redes sociales.
En su mensaje, pidió de manera “amable y respetuosa” la aprobación del proyecto de ordenanza 006 de modificación al presupuesto, argumentando que con dichos recursos del superávit se atenderían situaciones urgentes como:
✅ Emergencia por fiebre amarilla
✅ Inundaciones, deslizamientos y ola invernal
✅ Paquetes nutricionales para más de 16 mil adultos mayores
✅ Adquisición de equipos para activar la Unidad Renal del HORO
✅ Fortalecimiento del hospital itinerante
✅ Mejoras en infraestructura educativa
✅ Apoyo a juegos interdocentes y juegos intercolegiados
✅ Fortalecimiento al sector agropecuario, cultural y turístico
El mensaje cerraba con un llamado a la «responsabilidad constitucional de los diputados».
Pero lo que ocurrió horas después en la Asamblea fue todo lo contrario a una sesión técnica y comprometida.
UNA PONENCIA AMBIGUA, ACUSACIONES LEGALES Y TRAICIONES AL AIRE
La sesión del primer debate para la incorporación del superávit terminó en un caos político.
El diputado Jorge Eduardo García, ponente del proyecto, presentó una ponencia que no especificaba si era positiva o negativa, y condicionó su trámite a la entrega de documentación de Hacienda.
Acto seguido, declaró que el proyecto tenía vicios de ilegalidad, ya que había sido radicado por la Secretaria Privada del Gobernador.
Lo que no dijo el diputado García —o convenientemente omitió— es que la funcionaria sí había sido encargada como gobernadora, tal como lo establece el Decreto 0096 de 2025, lo que le daba plena facultad legal para radicar el proyecto. Es decir, la acusación de ilegalidad cayó por su propio peso.
EL DEBATE SE CALIENTA: TRAICIONES, REPROCHES Y SARCASMO
Pero la jornada no se limitó al debate técnico. El ambiente se tornó hostil cuando el presidente de la Asamblea, Juan Fernando Mancipe, insinuó que la actitud del diputado Omar Ortega se debía a la frustración de no haber sido elegido presidente.
Ortega respondió con dureza, señalando que sí aspiró a la presidencia, pero no al precio de traicionar a quienes confiaron en él. Y fue más allá: en una línea de tiempo expuso lo que llamó la conducta traicionera de Mancipe, desde la consulta interna, pasando por la campaña, hasta el primer año de gobierno, siempre traicionando a los que le dan su confianza, remato Ortega.
La diputada Marisela Duarte también fue blanco de señalamientos por apoyar la iniciativa que, según críticos, dejaría sin paquetes nutricionales a miles de adultos mayores. Ella devolvió el golpe preguntando por qué no se ejecutaron los $130.000 millones del año anterior.
A esto, el diputado Heyder Silva contraatacó con datos: recordó que en el primer año de gobierno del exgobernador Alirio Barrera —esposo de Duarte— hubo un superávit de $190.000 millones, dejando sin piso su crítica.
CHOQUE CON LA GOBERNACIÓN: ¿HONORARIOS EN RIESGO?
La Secretaria General de la Gobernación, Adriana Alfonso, también intervino, lanzando un dardo directo a Jorge García: le reclamó no haber advertido la supuesta ilegalidad en las mesas técnicas anteriores, y sugirió que, si se aceptaba ese argumento, la sesión misma sería ilegal, lo que pondría en riesgo el pago de honorarios por las sesiones extraordinarias.
García no se quedó callado: la acusó de estar confundida y le ofreció “explicarle con gusto en la siguiente mesa”.
Para rematar las irregularidades de esta sesión, el Secretario General de la corporación Wilmer Vega (cuñado de la actual Secretaria General de la Gobernación) en el control de legalidad no mencionó en ningún lugar la supuesta ilegalidad de la que habló el diputado García e incluso cuando el diputado Eduardo Antolínez quiso radicar una constancia para que le aclararan si la ponencia era positiva o negativa, este no le recibió argumentando no estar en horario laboral, sin percatarse que estaban sesionando y era su obligación legal.
¿QUIÉN BLOQUEA EL PRESUPUESTO DE LA EMERGENCIA?
Mientras tanto, el proyecto quedó en el limbo y los recursos para enfrentar emergencias sanitarias, educativas y sociales siguen represados.
El balón está en la cancha de los diputados de Centro Democrático, Partido Liberal y del Nuevo Liberalismo (supuestamente partido de gobierno).
Lo que debía ser un trámite responsable para responder a las necesidades del pueblo, terminó como una vitrina de vanidades, vendettas y cálculos políticos.
En medio del fuego cruzado, los más afectados —los adultos mayores, los estudiantes, las zonas rurales inundadas y los hospitales sin dotación— siguen esperando.
