En el marco del Estado de Conmoción Interior, decretado por el presidente de la República debido a la grave crisis de orden público en el Catatumbo, la zona metropolitana de Cúcuta y el municipio de Río de Oro (Cesar), el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 0175 de 2025, que establece la reactivación del impuesto de timbre como fuente de financiamiento para atender la emergencia humanitaria y social en estas regiones.
En este contexto, el Departamento Administrativo de Planeación de Casanare, en cabeza de su director, Alfonso Cárdenas Silva, lideró una mesa de trabajo con el equipo del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación, con el objetivo de socializar la implementación del decreto y garantizar su correcta aplicación en la región.
¿En qué consiste el impuesto de timbre y cómo se aplicará?
Según explicó Cárdenas Silva, la medida entró en vigor el 22 de febrero de 2025 y es de carácter obligatorio para todas las entidades territoriales. «El decreto establece que todos los contratos suscritos con recursos de cualquier fuente de financiación, incluido el Sistema General de Regalías, deberán gravar un 1% para el timbre nacional«, precisó.
Este impuesto aplicará exclusivamente a contratos con un valor igual o superior a $290 millones de pesos, lo que lo convierte en un mecanismo clave para el recaudo de fondos destinados a la atención de la crisis.
Supervisión y cumplimiento estricto del decreto
Durante la reunión, el director de Planeación enfatizó la importancia de que todas las entidades territoriales cumplan con la normativa, asegurando que la recaudación se realice correctamente. “Este es un tema que debemos revisar con rigurosidad. Desde el Banco de Proyectos hemos dado instrucciones para que se apliquen los lineamientos establecidos en la Circular 005 de la Secretaría de Hacienda, la cual exige calcular y cobrar este impuesto de manera estricta», puntualizó.
Además, Cárdenas Silva advirtió sobre las implicaciones disciplinarias que podrían enfrentar los funcionarios que no acaten el decreto. “El no cumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones, ya que estaríamos incurriendo en una violación a la ley», agregó.
Impacto y duración del decreto
El Decreto 0175 de 2025 estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y su correcta implementación será determinante para garantizar los recursos necesarios en la atención de la crisis.
Desde Planeación Departamental se hizo un llamado a todas las entidades a trabajar de manera coordinada para asegurar la transparencia y eficiencia en la aplicación del impuesto, evitando irregularidades y garantizando que los recursos sean utilizados de manera efectiva en las zonas más afectadas.
