El presidente Gustavo Petro firmó este jueves el decreto que pone fin a la conmoción interior decretada en la región del Catatumbo, Norte de Santander, desde marzo pasado. La medida se había adoptado en medio de una grave crisis de orden público desatada por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, que causaron desplazamientos masivos, confinamientos y el cierre de actividades económicas y sociales en varios municipios.
Sin embargo, aunque el estado de excepción ha sido levantado, el Gobierno decidió mantener la vigencia de 11 decretos legislativos expedidos durante la conmoción, prorrogándolos por 90 días más. Esta decisión ha despertado diversas reacciones entre analistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes ven en ella una doble señal: el fin de una etapa crítica, pero la persistencia de medidas extraordinarias que aún no se consideran superadas.
¿Qué cambia con el levantamiento de la conmoción?
Estas medidas, que habían sido justificadas como mecanismos para financiar la respuesta estatal en la zona afectada, habían generado polémica entre sectores económicos y políticos. Con su eliminación, el Gobierno busca enviar un mensaje de normalización institucional y fiscal.
¿Qué medidas se mantienen?
El levantamiento de la conmoción interior implica el retorno pleno del control del Congreso, la Corte Constitucional y otros organismos de control sobre decisiones de alto impacto. Además, cesa la aplicación de tres tributos temporales establecidos bajo el estado de excepción: el IVA a los juegos de suerte y azar, el impuesto a las exportaciones de hidrocarburos y el impuesto de timbre.
Los 11 decretos que continúan vigentes abarcan disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la presencia institucional en el Catatumbo, el apoyo a víctimas del conflicto, la atención en salud y la protección de infraestructuras estratégicas. También incluyen medidas de seguridad como refuerzos operativos y estrategias de inteligencia para contener el accionar de los grupos armados ilegales.
El Ejecutivo justificó la prórroga argumentando que “persisten condiciones de vulnerabilidad en la población civil” y que es necesario dar continuidad a las acciones iniciadas para garantizar una transición estable.
Tensión con líderes sociales
La decisión llega en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y defensores de derechos humanos en la región. En días pasados, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó al personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, de estar “alineado con la insurgencia” tras denuncias sobre presuntos abusos en operaciones militares. Estas declaraciones fueron rechazadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, que instaron al Ejecutivo a evitar la estigmatización y a proteger el trabajo de los líderes sociales y funcionarios territoriales.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso de medidas excepcionales no debe abrir la puerta a persecuciones ni a restricciones indebidas a la libertad de expresión y a la labor humanitaria.
Un mensaje político y estratégico
Para el analista político Camilo Borrero, la decisión de Petro busca mantener el control institucional sin alimentar las críticas sobre un uso excesivo del poder. “Levantar la conmoción envía un mensaje de confianza hacia el país y la comunidad internacional, pero mantener los decretos muestra que el Gobierno es consciente de que los desafíos en la región no han terminado”, afirma.
La región del Catatumbo continúa siendo una de las más conflictivas del país, con una alta presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y ausencia estatal en muchas zonas rurales. La efectividad de las medidas prorrogadas será clave para determinar si el levantamiento de la conmoción representa un verdadero punto de inflexión o solo una pausa en una crisis aún latente.
