En un paso trascendental hacia la igualdad de género, el gobierno ha aprobado un nuevo Decreto Ley que establece la obligatoriedad de la paridad de género en la composición de los órganos de dirección de entidades públicas y gubernamentales. Esta medida busca fortalecer la representación equitativa de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones.
El Decreto Ley, que entrará en vigor en los próximos meses, estipula que al menos el 50% de los cargos de dirección en instituciones estatales deben ser ocupados por mujeres, garantizando así una distribución equitativa y promoviendo la participación femenina en la administración pública.
Según fuentes gubernamentales, esta normativa responde a la necesidad de cerrar la brecha de género en la política y la gestión pública, fomentando una sociedad más inclusiva y representativa. Además, se prevén sanciones y medidas correctivas para aquellas entidades que no cumplan con los requisitos establecidos en el decreto.
«Este es un avance histórico en la lucha por la igualdad. Estamos garantizando que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en la toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía» señala el comunicado del gobierno del Presidente Petro.
Diversos sectores han celebrado la medida, destacando su impacto positivo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. No obstante, también han surgido voces críticas que argumentan la necesidad de implementar mecanismos complementarios para garantizar la efectividad del decreto y evitar posibles desigualdades derivadas de su aplicación.
Con esta iniciativa, el país se suma a otras naciones que han adoptado medidas similares para promover la equidad de género en el ámbito público, consolidando su compromiso con la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la democracia.
5 puntos clave:
- Paridad obligatoria en cargos públicos
El Decreto Ley establece que al menos el 50% de los cargos de dirección en instituciones estatales deben ser ocupados por mujeres, garantizando equidad en la toma de decisiones gubernamentales. - Aplicación en todas las entidades públicas
La norma se aplicará a todas las instituciones del Estado, incluyendo ministerios, organismos autónomos y entidades descentralizadas, asegurando su cumplimiento a nivel nacional. - Sanciones por incumplimiento
Se contemplan medidas correctivas y sanciones para aquellas entidades que no cumplan con la normativa de paridad, con el fin de garantizar su aplicación efectiva. - Promoción de igualdad de oportunidades
La legislación busca cerrar la brecha de género en la administración pública, impulsando la participación femenina y garantizando condiciones equitativas de acceso y desarrollo profesional. - Seguimiento y fiscalización
Se establecerán mecanismos de supervisión para evaluar el cumplimiento del decreto, con informes periódicos y auditorías que permitan medir su impacto en la igualdad de género.
