Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional Casanare permitieron que un juez de
conocimiento de Yopal (Casanare) condenara a Luis Alberto Jiménez García a 7 años y 11 meses de
prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
La investigación corroboró que en municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Trinidad y algunas
veredas de Yopal, entre 2020 y 2021 el hoy condenado extorsionó a ganaderos, finqueros,
comerciantes, contratistas, entre otros, a quienes les hacía exigencias de altas sumas de dinero a
cambio de no atentar contra sus familias, su integridad y su patrimonio.
Jiménez García se desplazaba a las fincas, los establecimientos de comercio y a los distintos lugares
donde eran citadas las víctimas.
A través de equipos móviles también servía de intermediario entre
éstas y sus jefes recluidos en cárceles y quienes se encargaban de hacer las amenazas y fijar los montos
de las extorsiones. Así como también la fecha y la forma de pago de las mismas.
Jiménez García fue capturado en 2021 junto a otros cinco señalados
extorsionistas, uno en la ciudad de Yopal y los otros cuatro en el municipio de Paz de
Ariporo, Casanare.
Estos sujetos hacían parte de una estructura criminal al servicio del
Clan del Golfo.
El capturado en la ciudad de Yopal fue identificado por las autoridades como Melquisedec
Tarache Romero, conocido con el alias de Guate.
En Paz de Ariporo fueron capturados
Abraham Barón Castañeda, alias Pichón; Luis Alberto Jiménez García, alias Gordo; Luis
Antonio Bellizia Morales y Nacor Urías Hernández Barón, alias Naco, todos señalados de
pertenecer a la estructura criminal.
En el momento de las capturas se les incautó un arma corta tipo revólver calibre 38
milímetros, 19 cartuchos para la misma y dos escopetas, material de guerra con el que
tenían intimidados a los habitantes, especialmente comerciantes y ganaderos de la
región.
La operación inició luego de las denuncias realizadas por las víctimas a quienes estarían
extorsionando con amenazas de atentar contra su vida o la de sus familiares si no
atendían las exigencias económicas.
Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía 05
Especializada Gaula para iniciar su proceso de judicialización por los delitos de concierto
para delinquir agravada y extorsión agravada.
