En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación logró imponer medidas cautelares sobre bienes de una petrolera internacional de origen francés (PERENCO), investigada por su presunta financiación a grupos paramilitares en Colombia.
Las acciones judiciales —que incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo— fueron autorizadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y se aplicaron sobre dos oficinas ubicadas en el centro financiero de la capital, valoradas en más de $41 mil millones de pesos (unos 10 millones de dólares).
Los inmuebles fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinar estos recursos a indemnizaciones para comunidades afectadas por el accionar paramilitar en el departamento del Casanare.
Según la Fiscalía, esta es la primera vez que se imponen medidas de este tipo a una empresa extranjera, señalada de apoyar económicamente estructuras ilegales como el Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
La investigación, liderada por la Dirección de Justicia Transicional, logró identificar los bienes a través de un cruce de información internacional con la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, junto a técnicas de análisis criminal y pruebas que vinculan directamente a los altos mandos corporativos de la empresa con la financiación ilegal.}
De acuerdo con testimonios de exjefes paramilitares como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, el grupo empresarial habría entregado dinero, combustible, alimentación y transporte a cambio de protección armada en zonas de extracción de crudo entre 1997 y 2005, lo cual habría fortalecido económicamente a la empresa.
En esta investigación participaron también el CTI, la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, entre otras entidades.
