Una firma sancionada en 2022 con más de 8 mil millones de pesos por
maniobras ilegales con otras empresas para generar acuerdos y participar en
licitaciones del plan de alimentación escolar en Bogotá, hace parte de uno de
los consorcios que «pujan» por un contrato PAE en Casanare y cuya
adjudicación prevista para este martes 7 de mayo quedó aplazada para hoy 8 de
mayo.
Además de esta sanción, el representante legal de la misma también como
persona natural fue sancionado con una multa de 2 mil millones de pesos.
Las sanciones quedaron consignadas en una resolución de la Superintendencia
de Industria y Comercio donde se castigaron varias conductas irregulares de la
empresa PROALIMENTOS LIBER, con mérito suficiente para imponerles milonarias
sanciones a esta firma y a otras 10 más.
Entre las irregularidades se demostró que LIBER participó en un acuerdo
junto a otras empresas, conformando un «cartel de oferentes» que
pactaron «reglas de juego» para participar en licitaciones del
servicio PAE en Bogotá y restringir la libre competencia con acuerdos previos
alrededor de precios, que les permitieron acceder a millonarios contratos de
alimentación escolar en la capital del país.
Los hechos se remontan al año 2015 y finalmente luego de un largo proceso,
en 2022 se emitió la resolución sancionatoria.
Pues resulta que PROALIMENTOS LIBER SAS, una de las que en junio de 2022
recibió la sanción más alta, además de la multa en contra de su representante
legal (por dos mil millones de pesos), es integrante de una de las uniones
temporales que pujan por un contrato P.A.E. que por valor superior a $13 mil
600 millones, está en proceso de adjudicación por la Gobernación de Casanare.
La diligencia no se pudo surtir este 7 de mayo por cuenta de diversas
observaciones de otros oferentes y miembros de la veeduría al proceso, además
de intervinientes que pidieron al Comité Evaluador del proceso verificar la
imparcialidad de las posturas de la veeduría que al parecer han orientado sus
críticas hacia las conductas empresariales de un solo oferente.
En medio de tal situación se pidió extremar precauciones para que se asigne
de manera transparente el multimillonario contrato.
Vocero del consorcio dijo que la decisión está en una disputa jurídica
oponiéndose a los efectos de la sanción y que el nombre de la misma ha sido
estigmatizada sin que aú se le venciera en juicio.
Entre tanto, la contraparte pidió «rechazar» la oferta de la U.T.
en la que participa LIBER.
