Una nueva demanda de pérdida de investidura fue interpuesta contra los diputados Juan Fernando Mancipe Pérez (presidente de la Asamblea) y Jorge Eduardo García Gutiérrez (primer vicepresidente), ambos elegidos para el periodo 2024–2027, por presunta violación del régimen de impedimentos y conflicto de intereses en la sesión plenaria 063 del 18 de octubre de 2025, durante la discusión del Proyecto de Ordenanza 023 de 2025 (modificación del presupuesto departamental
La acción de demanda busca que se declare la pérdida de investidura de los diputados mencionados, por haber presentado y votado una proposición presupuestal que afectó los recursos destinados a la Contraloría Departamental de Casanare, pese a estar impedidos.
El hecho que origina la demanda, se configuró el 18 de octubre de 2025, cuando el diputado Mancipe Pérez presentó una proposición modificatoria para eliminar del presupuesto departamental la partida adicional destinada a la Contraloría, argumentando objeciones técnicas sobre la fuente de financiación.
La proposición fue aprobada con los votos de ambos demandados, pese a sus impedimentos, lo cual derivó en una reducción efectiva del presupuesto del órgano de control fiscal.
La medida fue considerada por el demandante como una decisión dolosa orientada a debilitar institucionalmente a la Contraloría, entidad que investiga a los propios diputados o a sus familiares.
Como integrantes de la Mesa Directiva y varias comisiones permanentes, entre ellas Presupuesto y Ética, los dos diputados son amplios conocedores de las normas sobre impedimentos y conflictos de intereses. Por ejemplo, Mancipe Pérez (diputado del Nuevo Liberalismo) fue notificado el 29 de agosto de 2025 de una investigación administrativa fiscal (expediente PASF 004-2025) radicado en su contra en la Contraloría Departamental.
Entre tanto, García Gutiérrez (de la bancada del Partido Liberal) reconoció en varias sesiones estar impedido por investigaciones fiscales vigentes contra su padre en la misma entidad. Pese a estas circunstancias, ambos participaron activamente en el trámite y votación del Proyecto de Ordenanza 023 de 2025, que incorporaba recursos de superávit al presupuesto 2025, incluyendo una apropiación de $490.321.490 para la Contraloría.
En la demanda se argumenta que ambos diputados actuaron con conocimiento pleno de su impedimento, lo que configura tanto una violación objetiva del régimen de abstención como un conflicto de intereses subjetivo que compromete la imparcialidad de sus funciones.
La dupla de corporados, Mancipe Pérez y García habrían violado preceptos consignados en un conjunto de normas como: la Ley 2200 de 2021, artículos 56 y 60 (Violación del régimen de impedimentos y conflicto de intereses), .Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículo 11 (principio de imparcialidad y deber de abstención); Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario Único), artículo 44 (Deber de declararse impedido) y Ley 617 de 2000, artículo 48 (Régimen ético de los servidores públicos.
Al respecto, en un oficio enviado por la Contraloría Departamental de Casanare, el 20 de octubre de 2025, solicita a la Asamblea Departamental la adición presupuestal de $490.321.394 correspondiente al ajuste de la Cuota de Fiscalización prevista en el Proyecto de Ordenanza 023 de 2025.
El contralor Cipriano Castro Medina advirtió que omitir esta adición vulneraría los principios presupuestales de planificación, especialización y universalidad, así como las leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010, que reconocen la cuota como tributo obligatorio en favor de las contralorías.
Copia del oficio fue remitida a la Procuraduría General de la Nación pese a lo cual, los dos diputados insistieron en su propósito.
El demandante pidió al Tribunal como medidas cautelares suspender provisionalmente la investidura de los diputados o, subsidiariamente, ordenar su separación de cualquier actuación relacionada con debates y decisiones en torno al estudio y aprobación de presupuesto o modificaciones de la Contraloría Departamental y la convocatoria y elección del contralor departamental (vigencia 2026), concurso que actualmente adelanta la Asamblea.
Estos no son los únicos procesos de pérdida de invedstidura contra esta dupleta: ya hay admitidos contra los mismos demandados el expediente 850012333000-2025-00143-00 (en el caso de Mancipe Pérez), donde es ponente la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz; y el expediente 850012333000-2025-00144-00 (contra García Gutiérrez), que tiene la ponencia del magistrado Leonardo Galeano Guevara)
En cuanto a esta nueva demanda los diputados habrían violado los principios de transparencia, moralidad y abstención en decisiones que comprometían su imparcialidad, con el agravante de que sin la participación de Mancipe y García, la proposición que redujo el presupuesto de la Contraloría no habría sido aprobada, configurándose así una actuación determinante, dolosa y contraria al deber público, según consigna la demanda.
