La Facultad de Minas, sede Medellín, enfrenta cuestionamientos por procesos adelantados en Antioquia e Itagüí en 2021. Ahora, mientras tiene a su cargo la evaluación de los aspirantes a la Contraloría de Casanare, las reclamaciones de participantes inadmitidos ponen nuevamente la atención sobre las garantías de objetividad, transparencia y confianza que debe ofrecer el concurso.
La transparencia y la credibilidad del concurso público para elegir al próximo contralor departamental de Casanare entran en una etapa decisiva. La Universidad Nacional de Colombia, a través de su Facultad de Minas, sede Medellín, institución responsable de la evaluación técnica de los aspirantes, tiene antecedentes de cuestionamientos en otros procesos de selección de contralores que hoy cobran relevancia frente a las reclamaciones presentadas en la convocatoria casanareña.
El antecedente más delicado se registró en noviembre de 2021, durante el concurso para elegir al contralor de Antioquia. En esa oportunidad, la Procuraduría Regional cuestionó la cadena de custodia y la confidencialidad de la prueba de conocimientos y solicitó a la Universidad evaluar la repetición del examen, al advertir situaciones que, según el organismo de control, podían comprometer las garantías del proceso.
La controversia no se limitó a Antioquia. Días después, el 13 de noviembre de 2021, 55 aspirantes al concurso para elegir al contralor de Itagüí se retiraron de la prueba que estaba a cargo de la misma Facultad, luego de advertir inconsistencias en el cuestionario. Según se denunció en su momento, el documento contenía 102 preguntas, pese a que debía tener 100, y presentaba problemas de numeración. La evaluación fue suspendida.
Estos antecedentes constituyen un referente que hace pertinente examinar con rigor los mecanismos de control, los protocolos de evaluación y la respuesta institucional ante las inconformidades de los participantes.
62 aspirantes, 29 admitidos y 33 excluidos en la primera etapa
Tras la publicación de la Resolución mediante la cual la Asamblea Departamental de Casanare dio a conocer el listado preliminar de admitidos y no admitidos en el concurso para elegir al contralor del periodo 2026-2029 se generaron algunas inconformidades por parte de los aspirantes. De los 62 aspirantes inscritos, 29 fueron admitidos y 33 quedaron por fuera en la verificación inicial de requisitos. La revisión fue realizada por la Universidad, opoeradora del proceso
Algunos aspirantes manifestaron desacuerdos con las razones de su inadmisión y solicitaron revisar la documentación presentada durante la inscripción, Carlos Alonso Camargo Rodríguez cuestionó que se le excluyera por una supuesta falta de autorización para el tratamiento de datos personales y consulta de antecedentes. El aspirante sostiene que dicha autorización estaba incluida en el formulario firmado que entregó. Otro participante, Carlos Fredy Mejía Rivera, pidió revisar la decisión de inadmisión relacionada con la acreditación de su matrícula profesional y la documentación aportada para demostrar el cumplimiento del requisito.
La transparencia del procedimiento y la credibilidad en los resultados y la posterior elección del nuevo contralor dependerán, entre otros aspectos, de que cada decisión esté sustentada en las reglas de la convocatoria y en la documentación correspondiente.
El episodio de Antioquia resulta especialmente relevante por la naturaleza de los reparos formulados. La Procuraduría no se limitó a cuestionar los resultados del examen: puso en discusión aspectos relacionados con la custodia del material y la existencia de protocolos documentados para proteger la confidencialidad del cuestionario. En Itagüí, el problema reportado fue diferente: las inconsistencias advertidas por los participantes en la estructura del examen llevaron a que 55 aspirantes se retiraran de la evaluación y a que esta fuera suspendida.
Los dos episodios muestran por qué la confianza en un concurso público no depende exclusivamente del prestigio académico de la institución operadora. También exige procedimientos verificables, criterios de evaluación previamente establecidos, respuestas oportunas a las reclamaciones y garantías para que todos los participantes compitan en condiciones de igualdad.
En Casanare, estas exigencias son particularmente importantes. Quien resulte elegido tendrá a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos públicos del departamento. Por ello, el procedimiento para escogerlo debe ofrecer garantías suficientes de imparcialidad y legitimidad, tanto para los aspirantes como para la ciudadanía.
La pregunta de fondo es si el concurso para elegir al contralor de Casanare logrará superar las dudas propias de cualquier proceso de selección y ofrecer una legitimidad suficiente para quien resulte elegido y que deberá ejercer el control fiscal departamental.
