#ElNuevoOriente tuvo acceso a un informe de la Contraloría que revela serias irregularidades en un contrato firmado entre la Asamblea Departamental y la Universidad de Cartagena. Este contrato tenía como objetivo apoyar el proceso de elección del nuevo contralor departamental para el período 2026–2029.
Todo comenzó con una denuncia anónima que alertó sobre la falta de claridad en el proceso de contratación. Según la denuncia, no se publicó la información completa en los portales oficiales (SECOP y SIA OBSERVA), lo que impidió que la ciudadanía conociera los detalles del contrato.
La Contraloría revisó el caso y encontró que muchos documentos importantes no estaban disponibles públicamente, como el estudio previo, el acto administrativo que justifica la contratación directa, y otros soportes técnicos.
¿Se invitó a otras universidades?
Sí, la Asamblea envió invitaciones a 15 universidades para que presentaran propuestas. Sin embargo, muchas no recibieron la invitación o la recibieron en horarios poco adecuados (como un viernes en la noche, justo antes de un festivo), lo que dificultó su participación.
La Universidad Industrial de Santander, por ejemplo, sí envió su propuesta a tiempo, pero nunca recibió respuesta. En cambio, la Universidad de Cartagena fue seleccionada rápidamente, incluso antes de que se hicieran los estudios previos necesarios.
¿Hubo requisitos injustos?
La Asamblea pidió a las universidades una acreditación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que ya había sido eliminada en 2021. Esto hizo que solo la Universidad de Cartagena pudiera cumplir con ese requisito, porque había pagado por esa acreditación antes de que fuera eliminada.
Además, se exigieron otros documentos jurídicos que no se mencionaron en las cartas de invitación, lo que dejó en desventaja a las demás universidades.
El informe de evaluación fue hecho solo por el presidente de la Asamblea, cuando legalmente debía ser revisado por toda la mesa directiva. También se encontró que la propuesta de la Universidad de Cartagena fue modificada y ampliada después del plazo de entrega, sin que se explicara por qué.
Juan Fernando Mancipe Pérez, quien era el presidente de la Asamblea Departamental de Casanare en el momento del proceso de contratación aparece como el principal responsable de:
- Enviar las invitaciones a las universidades.
- Evaluar y seleccionar la propuesta de la Universidad de Cartagena.
- Firmar el contrato interadministrativo.
- Emitir el acto administrativo de justificación.
- Solicitar documentos jurídicos y técnicos después de haber seleccionado a la universidad.
Además, se menciona al diputado Jorge Eduardo García Gutiérrez, quien hizo explícito su impedimento para participar en el proceso de selección del contralor, debido a un posible conflicto de interés por tener un familiar con procesos fiscales en curso ante la Contraloría. Sin embargo, el informe señala que no se tomaron medidas para suplir su ausencia, lo que podría afectar la validez de las decisiones tomadas por la mesa directiva.
No se mencionan otros diputados pero sí se indica que la mesa directiva no actuó en pleno en varias etapas clave del proceso, lo que podría implicar responsabilidades compartidas por omisión o falta de control.
La Contraloría considera que se violaron varios principios legales, como la transparencia, la igualdad y la libre participación. Por eso, recomendó enviar el caso a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen si hubo daño al patrimonio público.
También se dejó el caso en seguimiento por parte de la Contraloría, ya que el contrato podría ser inválido por todas las irregularidades encontradas.
