La Contraloría General de la República ha emitido un fallo de responsabilidad fiscal por 2.517 millones de pesos en contra de exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre estos el exdirector de la entidad, Eduardo José González Angulo y tres exsubdirectores de Manejo de Desastres y varios contratistas, tras detectar irregularidades en la entrega de ayudas humanitarias durante la pandemia de COVID‑19.
La Contraloría señaló que exfuncionarios del gobierno de Iván Duque están siendo investigados por un presunto esquema de corrupción en la contratación de ayudas durante la pandemia, situación que habría favorecido a contratistas y desviado recursos públicos.
📌 Contexto y hallazgos clave
- El fallo sanciona a quienes ejercían funciones en el área de contratación de la UNGRD, por entregar ayudas sin la debida evidencia documental y excediendo los valores permitidos por la normatividad vigente.
- El ente de control constató pagos en exceso, falta de soportes fiscales y presuntas prácticas irregulares en la adjudicación de contratos para la entrega de mercados y otros insumos básicos a comunidades en emergencia .
- En uno de los paquetes investigados —dirigido a beneficiarios en la región de la Mojana, en Bolívar y Córdoba— se registraron sobreprecios por más de 28 millones de pesos, involucrando a 17 exalcaldes y funcionarios de la UNGRD .
Alcance institucional y repercusiones
- La Contraloría abrió tres procesos fiscales derivados del mismo convenio de ayudas humanitarias: uno se centró en los pagos a damnificados por el rompimiento del río Cauca en Cara de Gato; los otros dos están relacionados con sobrecostos millonarios en obras conexas .
- Como medida preventiva, la entidad ha iniciado embargos precautorios sobre bienes y cuentas de los presuntos responsables .
Declaraciones relevantes
Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, señaló: “Hemos observado que los auxilios no llegaron o no llegaron en su momento a las personas correspondientes. Igual observamos algunos sobrecostos en esos auxilios humanitarios…” Por su parte, algunos exalcaldes cuestionados han defendido su gestión, argumentando que no recibieron recursos directamente y que su responsabilidad era logística.
La decisión de la Contraloría busca el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado y constituye un precedente en la lucha contra la corrupción en la gestión de crisis, particularmente en momentos donde la población más vulnerable requiere atención prioritaria. Los sancionados (Eduardo José González, director de ese momento; María Gabriela Benitez, subdirectora; Fernando Cavrjal, subdirector y Abel Zambrano, subdirector.) deberán responder patrimonialmente por el monto establecido, como parte del proceso de reparación del daño fiscal identificado durante la investigación.
Reacciones y próximos pasos
- Además del fallo fiscal, la Contraloría espera compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles delitos contra la administración pública
- Se prevé que en los próximos meses se realicen audiencias y la revisión de recursos por parte de los sancionados, lo que podría derivar en sanciones patrimoniales definitivas.
Panorama general de la UNGRD
Este fallo se suma a otros casos recientes donde la Contraloría ha identificado anomalías millonarias en la contratación de la UNGRD. En 2024, por ejemplo, se revelaron irregularidades por cerca de 131.812 millones de pesos en el programa “Hambre Cero” y un incremento del 160 % en gastos por maquinaria amarilla, que llevó a declarar dichos actos como de “impacto nacional”
