Una denuncia formal ante los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, interpuso el Contralor Departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina, vinculando al Congresista casanareño, Hugo Archila, a supuestas maniobras indebidas e interferencia en un multimillonario contrato de alianza empresarial, para favorecer intereses que le irían a generar el pago de una generosa «coima» (o CVY).
El señalamiento guarda relación con un polémico y controversial «Contrato de Colaboración Empresarial en Alianza Estratégica», suscrito el año pasado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) y la firma Ingenierías y Construcciones Técnicas S.A.S. (INGENICONTEC), empresa intermediaria de una tecnología europea para el manejo de aguas residuales.
El alcance del compromiso, suscrito a 30 años, por un monto de $305 mil millones (70 millones de dólares) contempla no solo la ejecución de obras de optimización en la planta de tratamiento de aguas residuales de Yopal (PTAR), sino obras diversas de infraestructura y el diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Yopal.
Precisamente, las condiciones sui-géneris del contrato (y de otro de similar envergadura para el manejo y procesamiento de los residuos sólidos, suscrito en condiciones parecidas) lo mantienen sujeto a unas medidas cautelares, producto de demandas por dudas en cuanto a la conveniencia y alcance de estos proyectos, cuya suscripción ha sido fuertemente defendida por la Administración municipal.
En este caso concreto, el Contralor de Casanare, asegura que un vídeo que le fuera aportado de forma anónima (y uno de cuyo segmentos se entregó a medios de comunicación) recoge aspectos de una aparente reunión del Representante Legal de INGENICONTEC (Nelson Javier Suescún Gómez) en los cuales se escucha una supuesta interlocución con «inversionistas» interesados en participar en el negocio, como aportantes de capital.
Según deduce el Contralor de intervenciones de Suescún, donde hace referencia a «porcentajes», afirmando que se trata de participaciones en el negocio para diversos funcionarios (citando no solo el nombre de Hugo Archila, sino a Luis Eduardo, al Gerente de a EAAAY y a Manolo Pérez, jurídico de la entidad) que deben pagarse como parte de compromisos para o por «faclitar el negocio».
Aunque el segmento de video no lo registra, el documento de la denuncia cita la extensión total de la grabación, refiriendo que además de su presunta «participación» en porcentajes de CVY, personajes como jairo Bossuet Pérez (Gerente de la EAAAY) se beneficiaría con la compra de terrenos de su propiedad para desarrollar infraestructura necesaria en le ejecución del convenio.
Además del relato de estos hechos, el Contralor pide a la Secretaría General de la Cámara de Representantes, certificar la cantidad de visitas de Suescún a Archila, puesto que incluso en el despacho congresional del dirigente liberal, se habrían propiciado encuentros para pactar este tipo de interferencias y participaciones.
Al resepecto, ninguno de los involucrados se ha pronunciado en forma oficial, mientras que a nivel nacional, ya el excongresista expresó opiniones al conocer la grave denuncia.
