En el marco del accidentado y cuestionando concurso para la elección del nuevo Contralor Departamental de Casanare se han suscitado muchas situaciones que hacen dudar de la transparencia y la legalidad del concurso, desde los requerimientos por el tiempo para presentar la prueba, hasta la filtración de los resultados, pasando por la inquietud de los más de 100 participantes sobre la capacidad de la plataforma para la carga de archivos.
Pero más allá de los cuestionamientos al proceso de selección, están las situaciones que rodean a los aspirantes a ocupar la dirección del ente de control departamental, pues luego de la filtración de los resultados se conocieron los nombres de quienes quedarían en la terna de la que la Asamblea deberá elegir al nuevo contralor.
Tal es el caso del ex alcalde de Sogamoso Rigoberto Alfonso Pérez, uno de los tres puntajes más altos, lo que lo ubica en la terna de la cual saldría electo el próximo Contralor.
Del exalcalde sogamoseño hay que decir que se encontraba vinculado a la administración departamental, cómo asesor de despacho con las siguientes responsabilidades:
Pero además, de acuerdo con los reportes de La Contraloría, el ternado tiene dos investigaciones pendientes, que no lo inhabilitan para postularse, pero sí podrían afectarlo en una eventual elección, de ser fallados en contra del aspirante.
Uno de los procesos bajo revisión corresponde al contrato No. 20200017 de 2020, cuyo objeto era la prestación del servicio integral de aseo en las instituciones educativas oficiales y en la cafetería para los funcionarios públicos.
Los informes advierten posibles anomalías en la certificación de los días contratados, pagos superiores a lo establecido, y en la dotación entregada por parte del contratista.
Asimismo, se mencionan presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato similar celebrado en 2019, también destinado a la limpieza y mantenimiento de la planta física de los colegios del municipio.
Otro caso identificado corresponde al contrato No. 20221019 de 2022, suscrito con el Consorcio IP JLI Sogamoso, cuyo objeto era el suministro de equipos y utensilios necesarios para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la media técnica en instituciones educativas oficiales. El contrato tuvo un valor de 2.573 millones de pesos, y tras el seguimiento del ente de control se estima que habría un sobrecosto de 159 millones de pesos.
Incluso desde su nombramiento como asesor del mandatario departamental, en enero de 2024, se le cuestionó por el proceso en su contra referente al PAE, proceso que incluso había generado un embargo de sus bienes.
