La industria petrolera en Colombia atraviesa un momento crítico por el incremento desproporcionado de bloqueos, atentados y actos de sabotaje que, según denuncian varios gremios del sector, estarían siendo manipulados por mafias organizadas que buscan obtener beneficios económicos bajo el disfraz de protestas sociales.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), entre enero y mayo de este año se han registrado 41 bloqueos, 18 casos de extorsión a contratistas, y más de 40 hechos violentos como invasiones de predios, destrucción de instalaciones y retenciones de personal, especialmente en regiones productoras como Meta, Casanare y Arauca.
“Estamos viendo una instrumentalización de la protesta social. Grupos delincuenciales estarían usando a comunidades locales como fachada para presionar pagos ilegales o contratos a dedo”, advirtió Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
Impacto millonario y riesgo para la seguridad energética
Solo en el primer semestre de 2025, el sector ha tenido pérdidas por más de $150.000 millones, debido a las interrupciones forzadas de operaciones, el sobrecosto en seguridad privada y la parálisis de contrataciones. Esta situación no solo afecta a las empresas, sino también a las economías locales y al fisco nacional, pues limita la generación de regalías, empleo y recursos para inversión social.
Entre los casos más alarmantes, se encuentra el reciente bloqueo en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), que mantuvo paralizadas por semanas las operaciones de una empresa operadora, luego de que un grupo de personas exigiera ser contratadas directamente, sin cumplir procesos técnicos ni legales.
Las mafias detrás de los bloqueos
Según la ACP y otras fuentes del sector, detrás de muchos de estos incidentes estaría la presión de “mafias de contratistas”, que exigen a las petroleras entregar contratos sin licitación, o que imponen el pago de ‘cuotas’ para permitir el desarrollo de las obras.
Estas estructuras ilegales también estarían aliadas con actores armados ilegales en algunas regiones, lo que agrava el panorama de seguridad y amenaza directamente la estabilidad energética del país.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Desde la industria, el llamado al Gobierno es claro: reforzar la institucionalidad, garantizar el Estado de Derecho en las zonas petroleras y evitar la normalización de estas prácticas ilegales.
“Se requiere una acción decidida y articulada entre autoridades civiles, fuerza pública y empresas, para garantizar que la protesta legítima no sea infiltrada por intereses oscuros que frenan el desarrollo de las regiones”, concluyó Lloreda.
El sector petrolero representa más del 30 % de las exportaciones nacionales y aporta cerca del 15 % del presupuesto nacional. Proteger su operación es clave no solo para la economía, sino para la estabilidad social de múltiples territorios.
