En la Asamblea Departamental de Casanare se cocina una decisión administrativa que ha levantado ampolla entre expertos, funcionarios públicos y sectores que defienden los derechos laborales: se trata del Proyecto de Ordenanza N.º 002 de 2025, aprobado en primer debate, con el que la nueva mesa directiva pretende modificar la planta de personal, suprimiendo un cargo actualmente ocupado por una funcionaria de carrera para crear otro similar, pero con menor grado salarial.
El empleo que se pretende eliminar es el de Profesional Universitario Código 219 Grado 02, que corresponde al cargo de contadora de planta, creado y provisto legalmente a finales del 2024 como parte de un plan de mejoramiento requerido por la Contraloría Departamental. En su lugar, el proyecto propone crear un nuevo cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 01.
Según denuncias conocidas por El Nuevo Oriente, esta jugada administrativa tendría como verdadero objetivo remover a la actual titular del cargo, marginarla de sus funciones y dejarla sin empleo, sin haber mediado evaluación, proceso disciplinario, ni pronunciamiento de autoridad competente.
¿Dónde está el estudio serio?
A diferencia de reformas anteriores, que contaron con consultores externos y especializados, esta vez el soporte técnico fue elaborado internamente, al parecer por el Secretario General, un economista sin formación ni experiencia acreditada en rediseño institucional o análisis de cargas laborales en el sector público. Para muchos, esto deslegitima todo el proceso y lo convierte en una maniobra administrativa sin piso técnico ni jurídico.
La exposición de motivos del proyecto se basa en supuestas inconsistencias presupuestales y en un supuesto incumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 008 de 2023, pero irónicamente ese mismo estudio técnico fue utilizado para justificar la creación del cargo y el nombramiento actual.
Se omiten conceptos clave y se margina a la funcionaria
Ni la Comisión Nacional del Servicio Civil, ni el Departamento Administrativo de la Función Pública, han sido consultados sobre el impacto que esta decisión tendría sobre una funcionaria nombrada en propiedad. A ello se suma que el informe presupuestal que se usa como justificación no fue validado por la contadora actual, quien por ley tiene funciones asignadas en materia financiera y presupuestal.
Además, mientras se argumenta que la Asamblea no tiene cómo asumir ese salario, la misma corporación ha contratado nuevamente a la contadora del año anterior bajo un contrato por prestación de servicios, con un objeto contractual distinto, pero realizando —según denuncias internas— las mismas funciones de contaduría. Es decir: hay dos contadoras y una de ellas, la que está en propiedad, ha sido desplazada de facto.
Opinión jurídica: “Una extralimitación y un abuso del poder”
Consultado por este medio, un abogado administrativista advirtió que la Asamblea estaría actuando por fuera del marco legal. Según su análisis:
“La costumbre en derecho es que, si la nueva mesa directiva consideraba que el nombramiento tenía falencias, debieron promover el medio de control pertinente dentro de la oportunidad que establece la ley. Al no ser objeto de demanda alguna, el acto de creación y de nombramiento se presumen legales. Por lo tanto, resulta una extralimitación y un abuso del poder reestructurar la planta mediante el proyecto de ordenanza No. 002 alegando irregularidades presupuestales, cuando lo cierto es que la Asamblea Departamental cuenta con el presupuesto para asumir la carga laboral”.
¿Y por qué no se toca el cargo de libre nombramiento?
Un punto que también ha generado controversia es que la reestructuración no contempla revisar el cargo de libre nombramiento ocupado por una psicóloga —madrastra del diputado Jorge Eduardo García, hoy primer vicepresidente de la Asamblea y uno de los impulsores del proyecto.
Si el argumento es que se necesitan profesionales en contaduría y derecho, ¿por qué se mantiene un cargo de confianza con un perfil sin conexión con las funciones misionales de la corporación? ¿Acaso lo que hace esa funcionaria sí es “imprescindible”?
La doble moral administrativa salta a la vista: se suprime el cargo de una contadora de carrera y se protege el de una psicóloga en libre nombramiento y remoción.
Conclusión: peligrosa señal de regresión institucional
Lo que ocurre hoy en la Asamblea no es solo un caso de acoso administrativo o una reestructuración mal planteada. Es, en palabras de varios analistas consultados, una señal clara de cómo los órganos de representación popular pueden ser utilizados para ajustar cuentas internas, desplazar funcionarios incómodos y proteger intereses personales o familiares, bajo la apariencia de una reforma técnica.
Si el proyecto se aprueba en segundo debate, se estaría sentando un precedente nefasto: cualquiera que llegue a un cargo de planta puede ser borrado con una “reestructuración exprés”, sin evaluación individual, sin proceso administrativo y sin garantía alguna.
Una institución pública no puede prestarse para estos juegos de poder. Porque cuando se normaliza el abuso, se degrada la democracia.
