El excandidato Nay Epimenio González Cely presentó ante el Consejo de Estado un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare que negó la pérdida de investidura de la diputada departamental Marisela Duarte Rodríguez. El caso ha generado gran atención por la presunta violación del régimen de conflicto de intereses dentro de la Asamblea Departamental.
Según el demandante, los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2024, durante la sesión plenaria número 082 de la Asamblea de Casanare, en la cual se elegía al Secretario General de la Corporación. Durante esta sesión, la diputada Duarte fue formalmente recusada por el también diputado Wilder Ávila, quien alegó vínculos personales y políticos entre Duarte y una de las candidatas al cargo.
A pesar de haber sido advertida expresamente por otro diputado sobre su impedimento legal para participar en la votación sobre su propia recusación, la diputada Duarte no solo intervino en el debate, sino que votó en dos ocasiones para decidir sobre su recusación, acción que, según el apelante, representa una infracción directa al régimen de conflicto de intereses.
El Tribunal de primera instancia reconoció que la diputada participó en dichas votaciones, pero concluyó que no existía culpa grave ni dolo en su actuación, argumentando que Duarte habría actuado bajo un «error invencible» inducido por la conducción de la sesión. Esta interpretación ha sido ampliamente cuestionada por González Cely, quien sostiene que la advertencia recibida por parte de un colega —fundamentada incluso en jurisprudencia constitucional— debió bastar para inhibir su participación.
“La diputada votó siendo plenamente consciente de que estaba impedida. Lo hizo luego de haber sido advertida formalmente y con claridad. Esto no es un error invencible, es una falta grave a los principios de transparencia e imparcialidad”, argumentó González en el recurso.
El caso está ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si se revoca la sentencia de primera instancia y se decreta la pérdida de investidura de la diputada Marisela Duarte. El proceso ha sido calificado como un caso ejemplarizante sobre la aplicación de las normas en lo relacionado con conflicto de intereses en corporaciones de elección popular.
