No hay reversa: Alcaldía de Yopal ratifica liquidación del contrato con SETTY y mantiene saldo de $8.224 millones a favor del municipio

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La Alcaldía de Yopal confirmó la liquidación unilateral del contrato de concesión 1048 de 2014, suscrito inicialmente entre el municipio y la Unión Temporal de Servicios Tecnológicos de Tránsito de Yopal, posteriormente cedido a SETTY S.A.S., luego de negar el recurso de reposición interpuesto por la concesionaria contra la decisión adoptada el pasado 10 de septiembre de 2026.

La determinación quedó consignada en la Resolución 09020 del 11 de noviembre de 2026, expedida por la Secretaría de Movilidad, que concluyó que los argumentos jurídicos, técnicos, financieros y probatorios presentados por la empresa no desvirtuaron los fundamentos de la liquidación inicial.

Con esta decisión, la administración municipal mantiene un balance de cuentas por $8.261.323.128,60 a cargo de UT SETTY S.A.S. Tras reconocer créditos por $37.165.105,41 a favor de la concesionaria, el saldo neto establecido quedó en $8.224.158.023,19 a favor del municipio de Yopal.

LARGA PELEA JURÍDICA…

El contrato de concesión 1048 fue celebrado el 8 de septiembre de 2014 y tenía como objeto la prestación de servicios asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), parqueadero, grúas, sistematización del procedimiento contravencional, implementación de sistemas de fotodetección y apoyo técnico y logístico a la gestión del cobro coactivo de la Secretaría de Tránsito.

Sin embargo, el negocio contractual quedó atravesado por diferentes decisiones judiciales que determinaron su nulidad y establecieron las condiciones bajo las cuales debía adelantarse su terminación y liquidación.

En septiembre de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Yopal declaró la nulidad absoluta del Acuerdo Municipal 023 de 2013 y, como consecuencia, la nulidad del contrato de concesión. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en agosto de 2024.

Adicionalmente, en abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad absoluta del acta de arreglo directo de 2015 y del contrato de transacción de 2017, determinación que posteriormente fue confirmada por el Consejo de Estado en noviembre del mismo año.

De acuerdo con la resolución, estas decisiones judiciales establecieron que el municipio debía terminar y liquidar el contrato, pero también señalaron que el eventual reconocimiento de prestaciones ejecutadas debía estar condicionado a la demostración del beneficio efectivamente obtenido por la entidad pública.

En cumplimiento de ese marco judicial, la Alcaldía expidió en diciembre de 2024 la Resolución 630, mediante la cual declaró terminado el contrato y ordenó adelantar su liquidación.

EL «PATALEO» DE SETTY

Durante el procedimiento de liquidación, la Secretaría de Movilidad adelantó mesas de trabajo y revisó informes de interventoría, supervisión, documentación financiera, registros operacionales y demás soportes contractuales.

Al no lograrse un acuerdo entre las partes, la administración expidió la Resolución 05827 del 10 de septiembre de 2026, mediante la cual estableció unilateralmente el balance económico.

La UT SETTY presentó entonces un recurso de reposición, en el que cuestionó principalmente la metodología utilizada para establecer las cuentas y la inclusión de pagos históricos por $7.776.714.242,20, relacionados con actividades de parqueadero, custodia y traslado de vehículos inmovilizados.

La concesionaria argumentó que esos pagos debían analizarse dentro de un balance integral de prestaciones ejecutadas y beneficios obtenidos por el municipio. También sostuvo que la existencia de los servicios estaba respaldada por documentación producida durante la ejecución del contrato y cuestionó que esos valores fueran incorporados al balance sin una depuración suficiente.

No obstante, la Secretaría de Movilidad consideró que la existencia de registros operacionales y la realización material de actividades no demostraban automáticamente que todos los valores reclamados constituyeran obligaciones económicas exigibles al municipio.

La entidad sostuvo que era necesario establecer el beneficio concreto obtenido por la administración, la correspondencia entre las actividades ejecutadas y los valores reclamados, así como las condiciones jurídicas y contractuales que permitieran reconocer esos recursos.

LA HISTORIA JUDICIAL

En su análisis, la Secretaría identificó que los $7.776 millones cuestionados por SETTY estaban conformados por dos grandes grupos de pagos.

El primero corresponde a $3.648.223.233,20 relacionados con el arreglo directo y el contrato de transacción, instrumentos que posteriormente fueron declarados nulos por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El segundo grupo comprende $4.128.491.009 correspondientes a pagos asociados a las resoluciones 744 y 1101 de 2023 y 195 de 2024.

La administración señaló que estos movimientos fueron identificados documentalmente y examinados dentro del proceso de liquidación. Sin embargo, sostuvo que su existencia no significaba que pudieran reconocerse automáticamente como obligaciones válidas a cargo del municipio.

La resolución también precisa que los informes de interventoría y supervisión fueron incorporados al análisis, pero que sus conclusiones debían contrastarse con las decisiones judiciales, los antecedentes contractuales y las pruebas sobre el beneficio económico obtenido por la entidad.

NO HAY REVERSA…

Después de estudiar los argumentos de la concesionaria, la Secretaría de Movilidad concluyó que no existían razones suficientes para modificar el balance establecido en septiembre.

En consecuencia, el artículo primero de la Resolución 09020 ordenó confirmar en todas sus partes la Resolución 05827 de 2026 y mantener el balance liquidatorio de $8.261.323.128,60 a cargo de UT SETTY S.A.S.

La decisión reconoce, al mismo tiempo, créditos por $37.165.105,41 a favor de la concesionaria, correspondientes a depósitos judiciales acreditados dentro del expediente. Una vez efectuada esta compensación, se mantiene el saldo neto de $8.224.158.023,19 a favor del municipio de Yopal.

La Secretaría también negó la solicitud de incorporar y practicar nuevas pruebas, al considerar que los documentos existentes en el expediente eran suficientes para adoptar una decisión de fondo.

Finalmente, la resolución ordenó notificar a UT SETTY S.A.S., incorporar el acto administrativo al expediente contractual y efectuar su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Uno de los aspectos determinantes de la decisión es que contra la Resolución 09020 no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Con la expedición de este acto administrativo, la Alcaldía de Yopal deja en firme su posición frente a la liquidación unilateral del contrato de concesión 1048 de 2014 y mantiene el balance económico establecido a favor de las finanzas municipales.

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