La carrera por alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y juntas administradoras locales ya comenzó. Quienes busquen llegar al poder mediante el respaldo ciudadano tendrán que cumplir requisitos legales, reunir miles de apoyos y demostrar que cuentan con una estructura capaz de sostener su aspiración.
La contienda por las elecciones territoriales de 2027 comenzó mucho antes de la jornada en las urnas. Desde el 31 de octubre de 2026, los ciudadanos interesados en presentar candidaturas mediante grupos significativos de ciudadanos pueden registrar sus comités promotores e iniciar la recolección de firmas. El desafío no consiste solamente en conseguir apoyos: también exige organización, recursos, conocimiento de las normas y una planeación rigurosa.
Los comicios del 31 de octubre de 2027 definirán a quienes ocuparán las alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales durante el periodo 2028-2031. En ese escenario, las candidaturas por firmas aparecen como una alternativa para quienes no encuentran espacio en los partidos tradicionales o prefieren construir su propio respaldo político. Sin embargo, esta opción no representa un camino fácil ni una forma de evadir las exigencias electorales. Por el contrario, obliga a los aspirantes a demostrar que su proyecto tiene una base ciudadana real y que cuentan con la capacidad de cumplir cada etapa del proceso.
Las fechas que pueden definir una candidatura
La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario electoral mediante la Resolución 12338 del 28 de octubre de 2026. De acuerdo con esa programación, el proceso de registro de comités promotores y recolección de apoyos comenzó el 31 de octubre de este año. El plazo para registrar los comités vence el 30 de junio de 2027. Esa misma fecha marca el inicio del periodo de inscripción de candidatos y listas, que se extenderá hasta el 31 de julio, día en que también termina el plazo para entregar las firmas exigidas.
Estas fechas no son simples referencias administrativas. En materia electoral, los plazos son determinantes: incumplirlos puede dejar por fuera a una candidatura, independientemente de su reconocimiento público o de la fuerza política que haya conseguido construir. Por eso, quienes pretendan competir por esta vía deben empezar desde ahora a organizar sus equipos, identificar sus potenciales respaldos y revisar las condiciones aplicables al cargo y a la circunscripción en la que desean participar.
Las firmas: el primer examen de respaldo ciudadano
La inscripción por firmas tiene fundamento constitucional en el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político. Su desarrollo legal permite que grupos significativos de ciudadanos respalden candidaturas sin depender exclusivamente de los avales de los partidos.
Para hacerlo, es necesario conformar un comité integrado por tres ciudadanos, cumplir el procedimiento de inscripción y reunir el número de apoyos válidos que determine la normativa electoral para cada caso. Como regla general, la Ley 130 de 1994 establece un umbral de apoyos equivalente al 20 % del resultado de dividir el censo electoral de la respectiva circunscripción entre el número de cargos por proveer, con un límite máximo de 50.000 firmas. La aplicación concreta de esta fórmula y los requisitos correspondientes deben verificarse ante las autoridades electorales.
En una alcaldía de un municipio con un censo electoral de 10.000 ciudadanos, por ejemplo, la fórmula general arrojaría 2.000 apoyos. Pero conseguir esa cantidad en formularios no garantiza que todos sean aceptados: deben cumplir las condiciones de validez establecidas por la autoridad electoral. A la recolección de firmas se suman otros compromisos, entre ellos la constitución de la póliza de seriedad de la candidatura, cuyo valor y condiciones deben consultarse conforme a la regulación vigente para el proceso de 2027.
En consecuencia, la estrategia no puede limitarse a llenar planillas. Requiere equipos organizados, controles sobre la información recolectada, seguimiento de los requisitos y recursos para asumir los costos logísticos y jurídicos.
¿Firmas o aval de un partido político?
La decisión de acudir a un grupo significativo de ciudadanos o buscar el respaldo de un partido depende de las condiciones y los objetivos de cada aspirante.
Los partidos con personería jurídica ofrecen estructuras organizativas, procedimientos internos y mecanismos de selección de candidatos. No obstante, obtener un aval depende de las reglas estatutarias y de las decisiones de sus órganos competentes, por lo que no todos los interesados consiguen el respaldo que buscan.
La candidatura por firmas ofrece una alternativa para quienes desean construir su propia base política. En lugar de depender exclusivamente de una decisión interna de partido, el aspirante debe demostrar que existe un número suficiente de ciudadanos dispuestos a respaldar su inscripción.
Esto no significa que la vía independiente sea necesariamente más económica, sencilla o exitosa. La organización de los equipos, la recolección y validación de los apoyos, la financiación y el cumplimiento de las obligaciones legales representan exigencias que pueden resultar determinantes. Además, las candidaturas por firmas no excluyen la posibilidad de alianzas. La legislación electoral contempla la participación de partidos y grupos significativos de ciudadanos en coaliciones para determinadas candidaturas, bajo las condiciones legales correspondientes.
La diferencia fundamental está en el punto de partida: mientras los partidos aportan una estructura política existente, los grupos ciudadanos deben acreditar el respaldo necesario para formalizar su aspiración.
El calendario también tiene consecuencias políticas.
Para los aspirantes, tomar una decisión tardía puede significar perder oportunidades. Elegir la vía de inscripción, establecer el equipo promotor, planear la financiación y revisar las posibles inhabilidades son tareas que deben abordarse con suficiente anticipación.
También es necesario tener cuidado con las consultas partidistas. La Ley 1475 de 2011 establece restricciones para quienes participan en una consulta y resultan derrotados, por lo que cualquier aspirante debe estudiar las consecuencias jurídicas de esa decisión antes de comprometerse con una ruta electoral.
A esto se suma la situación de los servidores públicos y de quienes mantienen o han mantenido vínculos contractuales con entidades estatales. Las posibles inhabilidades dependen del cargo al que se aspire, las funciones desempeñadas, las fechas y las circunstancias de cada caso. Por eso, no basta con revisar un calendario general: se requiere verificar la normativa aplicable a cada candidatura. En este escenario, la improvisación puede convertirse en uno de los principales obstáculos para quienes pretendan competir en 2027.
Una candidatura necesita más que popularidad
La recolección de firmas permite medir parte del respaldo social de un proyecto político, pero no debe confundirse con una elección anticipada. Una firma no equivale a un voto y el apoyo entregado para inscribir una candidatura no garantiza que esa persona reciba el respaldo ciudadano en las urnas.
El verdadero reto consiste en convertir ese primer apoyo en una propuesta seria, con objetivos claros, conocimiento del territorio y capacidad para responder a las necesidades de la comunidad. En los municipios, donde las relaciones personales y el reconocimiento de los liderazgos tienen un peso importante, la recolección de firmas puede convertirse en una oportunidad para escuchar a los ciudadanos y construir una agenda pública. Pero también puede quedarse en un ejercicio de promoción personal si no existe un proyecto político definido.
La pregunta de fondo es si los aspirantes utilizarán este mecanismo para ampliar la participación democrática o si lo reducirán a una estrategia para posicionar nombres antes de la campaña.
La cuenta regresiva ya comenzó y los meses previos a la inscripción oficial serán decisivos para quienes busquen competir por firmas. La normativa establece fechas y condiciones que no pueden dejarse para última hora, mientras que la dinámica política exigirá construir apoyos, consolidar equipos y definir alianzas.
En las elecciones de 2027, el tiempo será un factor político. Quienes empiecen tarde podrían quedarse sin candidatura; quienes se preparen desde ahora tendrán mejores condiciones para afrontar el proceso, siempre que cumplan las reglas y logren convertir el respaldo ciudadano en una propuesta de gobierno convincente.
