El debate sobre el futuro de las finanzas públicas en Colombia va más allá de la creación de nuevos impuestos. La discusión también pone sobre la mesa la necesidad de reducir el gasto del Estado, revisar su estructura administrativa y establecer mecanismos que permitan disminuir el déficit fiscal sin afectar la inversión, el empleo formal ni la competitividad empresarial.
Así lo señaló Christian Quiñones, CEO de CleverTax Assessment, quien considera que, aunque existe coincidencia entre diferentes sectores políticos sobre la gravedad del panorama fiscal del país, todavía no hay consenso sobre las medidas que deben adoptarse para corregirlo.
Según el experto, la estrategia del Gobierno continúa concentrándose principalmente en aumentar los ingresos tributarios, mientras que los ajustes al gasto público deberían tener un papel mucho más relevante. En ese contexto, destacó la propuesta de reducir el número de ministerios de 19 a seis y reorganizar 48 entidades del Estado, con la expectativa de generar ahorros cercanos a los $26 billones, sin necesidad de recurrir a despidos masivos.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, esta reorganización no tendría un impacto fiscal significativo en 2027. Sin embargo, a partir de 2028 representaría una reducción equivalente al 0,24 % del PIB, cerca de $5 billones a precios de 2026. Para 2030, el ahorro podría alcanzar el 0,52 % del PIB, aproximadamente $10,5 billones.
La propuesta también contempla revisar las leyes que generan obligaciones de gasto y los fondos especiales existentes, con el propósito de evaluar su pertinencia, modificar aquellos que no cumplan sus objetivos o eliminar los que no superen los análisis correspondientes.
Menores impuestos para las empresas: ¿un incentivo suficiente para atraer inversión?
Otro de los puntos centrales de la discusión es la carga tributaria que enfrentan las empresas colombianas. El proyecto plantea reducir la tarifa del impuesto de renta corporativo del 35 % al 31 % e implementar el Régimen Unificado de Grandes Empresas (RUGE), como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de inversión y competitividad.
Sin embargo, el costo fiscal de esta reducción representa un desafío. Según estimaciones de Corficolombiana, el impacto sería de $4,1 billones en 2027 y de $12 billones en 2028, por lo que su implementación dependerá de que el Gobierno consiga fuentes adicionales de financiación.
Para Christian Quiñones, la reducción del impuesto de renta debe analizarse junto con los demás costos que asumen las compañías para mantener su operación y contratar trabajadores formalmente.
El especialista advierte que las empresas enfrentan aportes equivalentes a 13,5 puntos porcentuales por concepto de salud, ICBF y SENA sobre los salarios superiores al mínimo, una carga que puede disminuir el efecto positivo de los beneficios tributarios.
En su concepto, Colombia necesita recuperar la confianza de los inversionistas mediante reglas tributarias estables, mayor credibilidad fiscal y condiciones que no terminen desincentivando la generación de empleo formal.
Más colombianos comenzarían a pagar impuesto de renta
La discusión también tendría consecuencias directas para los trabajadores y los hogares. La iniciativa propone ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta, al reducir el umbral de ingresos gravables de 1.090 UVT, equivalentes a cerca de $58 millones en 2026, a 720 UVT, aproximadamente $38,3 millones.
Para los ingresos comprendidos entre esos dos niveles se establecería una tarifa del 9 %. El Ministerio de Hacienda espera que esta modificación genere recaudos superiores a los $7,2 billones anuales a partir de 2028.
De aprobarse la propuesta, un trabajador asalariado sin personas dependientes comenzaría a pagar impuesto de renta con ingresos mensuales cercanos a los $5 millones. En el caso de quienes tengan un dependiente, el umbral estaría alrededor de los $5,6 millones.
Actualmente, los valores de referencia se ubican aproximadamente en $6,9 millones para una persona sin dependientes y $8,3 millones para quienes tienen uno.
Como mecanismo complementario, el proyecto incorpora EfectIVA, una iniciativa que busca devolver parte del IVA pagado a más de 35 millones de personas, de acuerdo con sus niveles de ingreso.
Evasión tributaria: una alternativa para aumentar el recaudo sin crear nuevos impuestos
En medio de las diferentes propuestas para financiar las obligaciones del Estado, Quiñones también cuestionó alternativas como la emisión de bonos obligatorios para las empresas y la utilización de recursos provenientes de la venta de activos públicos para cubrir el déficit fiscal.
A juicio del experto, estas fórmulas podrían aplazar los problemas estructurales de las finanzas públicas y aumentar las presiones sobre el endeudamiento del país, en lugar de solucionar de fondo los desequilibrios presupuestales.
En contraste, planteó la necesidad de fortalecer herramientas como la facturación electrónica y centralizar las capacidades de información del Estado para mejorar los mecanismos de fiscalización y combatir la evasión tributaria.
El especialista advierte que la evasión representa más de $100 billones anuales en impuestos que dejan de ingresar a las arcas públicas, por lo que considera que existe un amplio margen para mejorar el recaudo sin trasladar toda la responsabilidad a los contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones.
El desafío para Colombia será encontrar un equilibrio entre mayores ingresos, reducción del gasto público y estímulos a la inversión.
Para Quiñones, la sostenibilidad de las finanzas públicas no puede depender exclusivamente de nuevos impuestos: también requiere revisar el tamaño del Estado, combatir la evasión y construir condiciones que permitan a las empresas generar empleo y crecimiento económico.
