Luciendo en semblante tranquilo, bajo un cielo despejado y poco antes de las 7 de la mañana de este domingo 25 de octubre, luego de casi 18 años de prisión, regresó a la libertad uno de los más recordados gobernadores de Casanare, el exmandatario WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL, situación que ha generado enorme expectativa en círculos públicos y politicos de Casanare.
El exmandatario salió de la cárcel con un paquete de papeles en la mano, vistiendo una camiseta gris, pantalón y gafas oscuras, zapatos deportivos informales y se fundió en un cálido abrazo con las pocas personas de un íntimo círculo de amigos y familiares que lo acompañaron en dicho momento…
La expectativa política en Casanare gira alrededor de William Hernán Pérez Espinel, el exgobernador que vuelve a ser noticia después de permanecer más de 17 años privado de la libertad.
La decisión judicial que le permite salir de prisión, con efectos a partir del 25 de octubre de 2026, constituye uno de los acontecimientos políticos y judiciales de mayor interés para la región en los últimos días.
El Juzgado 5o de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) concedió la libertad por cumplimiento de la pena que se encontraba en ejecución. La decisión contempla la expedición de la correspondiente boleta de libertad, condicionada a que las autoridades penitenciarias verifiquen que no existan otros requerimientos judiciales vigentes contra el exmandatario.
La noticia tiene especial significado en un departamento donde el nombre de Pérez Espinel conserva relevancia dentro de la memoria política regional.
Para algunos sectores, su salida representa la posibilidad de un reencuentro familiar y del cierre de una prolongada etapa de reclusión; para otros, obliga a recordar las consecuencias institucionales de los hechos por los cuales fue condenado.
¿Por qué sale libre?
La decisión corresponde a una determinación relacionada con el cumplimiento de la pena que estaba siendo ejecutada por la justicia, al establecerse que la sanción se encontraba cumplida al contabilizar el tiempo de privación de la libertad y los reconocimientos legales por redención de pena, entre ellos los asociados al trabajo y a las actividades acreditadas durante la reclusión.
La situación jurídica de Pérez Espinel tuvo varios episodios anteriores.
Su defensa solicitó en distintas oportunidades la libertad condicional, pero esas peticiones fueron negadas. En enero de 2026, el mismo Juzgado que hoy otorgó su libertad rechazó una nueva solicitud, decisión que llegó a revisión de la Corte Suprema de Justicia.
En mayo de 2026, mediante el auto AP3056-2026, la Sala de Casación Penal examinó la impugnación relacionada con esa negativa.
En el expediente se registró una pena acumulada de 335 meses de prisión, además de multas e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.
La libertad por pena cumplida es jurídicamente diferente de la libertad condicional. En el primer caso, el fundamento es que se ha satisfecho la sanción objeto de ejecución; en el segundo, se trata de un beneficio que permite salir antes de terminar la pena, sujeto a requisitos legales específicos.
Por ello, la decisión actual no borra los antecedentes penales ni modifica las condenas impuestas. Su materialización depende, además, de la verificación de que no exista otra orden judicial que obligue a mantenerlo privado de la libertad.
Las condenas contra William
La historia judicial de William Pérez Espinel quedó ligada a cuatro sentencias de la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con su actividad pública y otros delitos.
La primera condena se produjo en 2009, cuando recibió una pena de 15 años de prisión en un proceso relacionado con la parapolítica, el peculado y sus vínculos con estructuras paramilitares. Los antecedentes judiciales también incluyeron el concierto para delinquir agravado.
En 2014, la Corte Suprema lo condenó por concusión e interés indebido en la celebración de contratos. Según los hechos examinados en ese proceso, se relacionó la promesa de adjudicación de un contrato con la obtención de aportes para apoyar a un candidato político. La decisión se convirtió en otro capítulo de los cuestionamientos sobre el uso de la contratación pública con fines políticos.
Dos años después, en julio de 2016, el alto tribunal lo condenó por enriquecimiento ilícito de servidor público. La Corte estableció que su patrimonio registró un incremento injustificado de 143,6 millones de pesos entre 2001 y 2005.
La sentencia impuso 56 meses de prisión y una multa de más de 191 millones de pesos. Entre los elementos examinados figuró el aumento de su inventario ganadero, cuyo origen económico no logró justificar, según la providencia.
La cuarta condena llegó en 2019, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en un caso relacionado con irregularidades en la contratación pública.
La acumulación de estas sentencias determinó una pena definitiva que fue ajustada durante la ejecución judicial. Con el paso de los años, los procesos contra Pérez Espinel se convirtieron en uno de los expedientes más representativos de hechos de corrupción y parapolítica que afectaron a la dirigencia de Casanare.
Su paso por la Gobernación… huella imborrable
Pérez Espinel gobernó Casanare entre 2001 y 2003, un periodo en el que el departamento tenía una importancia creciente por sus recursos petroleros y por las disputas políticas y económicas alrededor de la administración regional.
Su figura alcanzó reconocimiento en la política departamental y construyó una identidad pública asociada a la cercanía con sectores populares. Esa imagen, que todavía aparece en algunas evocaciones regionales, contrasta con la trayectoria judicial que posteriormente marcó su vida política.
El exgobernador fue vinculado judicialmente con el fenómeno de la parapolítica y con estructuras paramilitares que ejercieron influencia en Casanare. Los procesos evidenciaron, además, conductas relacionadas con la contratación pública y el crecimiento patrimonial injustificado.
Esos hechos no solo tuvieron consecuencias penales para el exmandatario: también alimentaron cuestionamientos sobre la transparencia de las instituciones y la relación entre poder político, recursos públicos y grupos armados ilegales.
En 2018, Pérez Espinel buscó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en agosto de 2022 esa jurisdicción rechazó su solicitud al concluir que los delitos por los cuales había sido condenado no correspondían a su competencia material en los términos examinados.
En consecuencia, su situación continuó bajo la justicia ordinaria.
El impacto de su administración debe leerse, por tanto, desde dos dimensiones: el lugar que ocupó en la política regional y el balance institucional de los hechos que llevaron a sus condenas. Reducir su historia a la popularidad que alcanzó o, en sentido contrario, limitarla a la noticia de su salida de prisión dejaría incompleta la discusión sobre lo que representó su paso por el poder.
Impacto en la política casanareña…
La salida de prisión abre una pregunta que seguramente ocupará conversaciones en los círculos políticos de Yopal y otros municipios: ¿qué influencia conserva William Pérez y qué papel podría desempeñar en el futuro político del departamento?
Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que el exgobernador vaya a regresar a la actividad política ni que tenga planes de intervenir en las próximas contiendas electorales.
Los reportes regionales han mencionado la expectativa que despierta su salida, pero una eventual aspiración o participación partidista queda descartada de plano de forma directa por su condición jurídica
También es necesario distinguir entre recuperar la libertad física y recuperar los derechos políticos. Las sentencias incluyeron inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, por lo que cualquier afirmación sobre una posible candidatura o el ejercicio de cargos deberá considerar la vigencia y el alcance de las sanciones aplicables.
Más allá de ese interrogante, la noticia vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: la responsabilidad de quienes administran recursos públicos, las consecuencias de los vínculos entre dirigentes y estructuras armadas ilegales y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La libertad de William Pérez marca el final de una etapa de reclusión y se agrega a la discusión sobre su legado. En Casanare, su nombre continúa asociado a una época de un poder regional que dejó huellas políticas y judiciales profundas.
El tiempo dirá si su regreso a la vida fuera de prisión se limita al ámbito familiar y personal o si tendrá alguna repercusión en los escenarios públicos.
Lo que ya está claro es que su historia ocupa un lugar central en la memoria política del departamento.
