Trabajadores y contratistas vinculados a la Secretaría de Gobierno denunciaron presuntos favorecimientos, retrasos en procesos contractuales y posibles irregularidades en la asignación de contratos y honorarios. Las denuncias apuntan, principalmente, al presunto nivel de influencia que tendría la actual coordinadora de contratación de la dependencia, Gabriela Urbano Montañez.
De acuerdo con los testimonios conocidos por este medio, varios contratistas manifiestan su inconformidad con la forma en que se estarían manejando algunos procesos de contratación dentro de la Secretaría de Gobierno. Según denuncian, decisiones relacionadas con la asignación de contratos, continuidad de vinculaciones y honorarios estarían siendo influenciadas por personas que, formalmente, no tendrían la responsabilidad final sobre estas decisiones.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la presunta influencia que tendría Gabriela Urbano Montañez en los procesos de contratación. “Todo debe pasar por su autorización”, sería, según los denunciantes, una de las expresiones que reciben los contratistas antes de iniciar algunos procesos contractuales.
Los trabajadores consultados aseguran que existiría un trato diferenciado entre quienes buscan una oportunidad contractual, dependiendo de la cercanía o relación personal que tengan con la funcionaria o coordinadora.
Cuestionan cambios en certificación de experiencia
Uno de los hechos que más llama la atención en la denuncia está relacionado con la experiencia profesional certificada a Gabriela Urbano Montañez en dos procesos contractuales.
Según la información entregada por los denunciantes, en el contrato 2136-2024, firmado en agosto de 2024, el Secretario de Gobierno certificó que la contratista contaba con tres años, once meses y dieciocho días de experiencia profesional. Sin embargo, para enero de 2025, en el contrato 0011-2025, la misma persona habría sido certificada con cinco años, seis meses y cinco días de experiencia profesional.
Esto significaría un incremento cercano a 19 meses de experiencia profesional certificada en un periodo inferior a cuatro meses, una situación que, según quienes formulan la denuncia, debería ser revisada para establecer si existió una actualización válida de la información o si se presentaron inconsistencias en las certificaciones, situación que ya fue remitida a los entes de control, pues el cambio podría tener relación con un eventual aumento en los honorarios contractuales, aunque esta situación deberá ser verificada por los entes que recibieron la denuncia.
Denuncian presunta concentración de decisiones contractuales
Otra de las quejas conocidas señala que Urbano Montañez presuntamente tendría una influencia directa sobre la definición de quiénes son contratados y cuáles serían los honorarios asignados.
Los trabajadores consideran que estas decisiones deberían estar bajo la responsabilidad y supervisión directa de las instancias competentes de la Secretaría de Gobierno y de la administración municipal. También aseguran que existirían presuntos favorecimientos hacia personas cercanas a la funcionaria, entre ellas familiares y amigas, mientras otros contratistas continúan esperando una oportunidad laboral: “Mientras algunos siguen esperando contrato, hay personas que reciben prioridad”, señalaron los denunciantes.
Contratos, retrasos y trabajadores sin remuneración
Los testimonios también advierten sobre presuntos retrasos en los procesos de contratación.
Según los trabajadores, algunas personas continúan apoyando actividades institucionales durante largos periodos sin contar todavía con un contrato vigente, mientras otros contratistas, según denuncian, tendrían contratos asignados pero no participarían activamente en las actividades de la dependencia.
La situación, afirman, ha generado una mayor carga laboral para quienes sí permanecen trabajando. “Los pocos que estamos presentes tenemos que doblarnos en actividades y, en algunos casos, trabajar durante largos periodos sin remuneración mientras se define nuestra contratación”, señalaron; Los denunciantes también cuestionan que algunos contratistas, presuntamente, no asistirían regularmente a las actividades para las cuales fueron vinculados, aunque posteriormente presentarían informes para tramitar sus respectivos pagos.
Cuestionan continuidad contractual
Otro de los hechos denunciados está relacionado con la continuidad contractual de Gabriela Urbano Montañez. De acuerdo con la información suministrada, la contratista tenía inicialmente un vínculo hasta noviembre, pero posteriormente habría recibido una adición o ampliación hasta diciembre, mientras otros trabajadores continuaban esperando una oportunidad de contratación. Esta situación genera interrogantes sobre los criterios utilizados para priorizar la continuidad de algunos contratos frente a otros aspirantes.
Piden explicaciones y revisión de los procesos
Ante estas denuncias, los trabajadores y contratistas solicitan que la administración municipal, tanto el alcalde, como el mismo secretario, revisen los procesos de contratación de la Secretaría y establezcan si se están cumpliendo los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y adecuada supervisión de los contratos. También piden verificar las certificaciones de experiencia profesional, los criterios utilizados para establecer honorarios, la participación efectiva de los contratistas en las actividades institucionales y la posible existencia de conflictos de interés o favorecimientos personales.
