La Corte Constitucional abrió una etapa de pruebas para establecer las condiciones de seguridad de la Institución Educativa Fernando Rodríguez, en Recetor, luego de que una acción de tutela advirtiera que el plantel se encuentra en una zona catalogada como de “alto riesgo de desastre” y que su comunidad educativa lleva más de una década solicitando una solución definitiva.
El proceso se originó en una tutela presentada por el personero de Recetor, Norberto Martínez, en representación de los estudiantes, contra el Departamento de Casanare y la Secretaría de Educación Departamental, por la presunta vulneración de los derechos a la educación y a la integridad personal de los menores.
Según los antecedentes recogidos por la Corte, la infraestructura presenta deterioro y agrietamientos. La comunidad educativa habría solicitado durante más de 10 años la reubicación del colegio y, en una reunión del 11 de diciembre de 2025, la Secretaría de Educación señaló que no existía proyecto ni asignación presupuestal para adelantar el traslado.
Aunque los jueces de primera y segunda instancia declararon improcedente la tutela, el expediente fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional en junio de 2026. El alto tribunal considera necesario determinar dos aspectos centrales: el estado actual del colegio y del terreno donde funciona, y si existe realmente un proyecto para su reubicación y en qué etapa se encuentra.
Secretaría de Educación deberá explicar por qué no hay solución definitiva
La Corte ordenó a la Secretaría de Educación de Casanare informar, en un plazo de 15 días, si existe un proyecto para trasladar el colegio, cuál es su estado, qué actuaciones están pendientes y si cuenta con recursos asignados. También deberá entregar información sobre las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales realizadas.
Además, la entidad deberá explicar las razones técnicas, administrativas, presupuestales y jurídicas que han impedido hasta ahora una solución definitiva, así como entregar soportes sobre las medidas adoptadas para disminuir los riesgos que enfrenta la comunidad educativa.
Por su parte, la Gobernación, a través de la dependencia encargada de gestión del riesgo, tendrá que visitar el colegio y realizar una inspección técnica, evaluando infraestructura, seguridad, accesibilidad, áreas deportivas y recreativas, además de las condiciones geológicas del terreno y los riesgos para estudiantes y docentes.
El municipio de Recetor también deberá precisar si dispone de un predio viable para levantar una nueva sede. En el expediente se menciona un terreno ubicado en el denominado nuevo desarrollo Villa Leti, sobre el cual la Corte pidió establecer si existe un proyecto formalmente radicado ante la Gobernación.
La Corte también solicitó una visita independiente de la Defensoría del Pueblo e invitó a facultades de Derecho de varias universidades del país a presentar conceptos sobre la protección del derecho a la educación de los estudiantes.
La decisión todavía no resuelve de fondo la tutela ni ordena, por ahora, la construcción de una nueva sede. Se trata de un auto de pruebas con el que la Corte busca reunir información suficiente antes de adoptar una decisión definitiva sobre el caso.
