La Fiscalía evidenció un entramado de corrupción que mediante la figura del esquema asociativo de municipios direccionaba contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.
En diligencias realizadas por unidades del CTI en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar) fueron capturados nueve de los señalados responsables de las actividades delictivas.
Se trata del fundador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la denominada Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Estas personas se habrían articulado para que AREMCA fuera designada como ejecutora de recursos de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones.
En conjunto, REMCA habría direccionado 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos, procesos que tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
Los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.
Así mismo, dan cuenta de la posible apropiación indebida de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca.
En el curso de la investigación también se conoció que AREMCA presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la «contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5% del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
LOS CAPTURADOS EN EL PROCESO
Los capturados por su posible vinculación en este entramado criminal, fueron identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción las presentará ante un juez de control de garantías y les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.
Esta acción judicial hace parte de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar a los implicados en hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías (SGR), el cual está integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la Fiscalía.
