El alcalde Alejandro Ballesteros firmó un crédito por $20.000 millones de pesos con el banco BBVA, aun cuando un juez había ordenado suspender cualquier trámite relacionado con ese endeudamiento.
La decisión se produjo tras una sentencia de segunda instancia — del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito Municipal de Monterrey — que detectó irregularidades en la aprobación del proyecto de crédito, señalando que la propuesta había sido tramitada de forma apresurada, sin transparencia ni garantías mínimas de derecho al debido proceso.
Sin embargo, el 10 de noviembre el alcalde firmó el crédito, ignorando la orden judicial — un acto calificado por la oposición como un “desacato flagrante”.
Además, en el presupuesto 2026 ya se incluyó una partida de 1.300 millones de pesos para el pago de intereses de este crédito, lo que evidencia la intención de incorporar los recursos a las finanzas del municipio, pese a la controversia legal.
Ante esta situación, los concejales de oposición presentaron un incidente de desacato, exigiendo respuestas en un plazo de 48 horas. Ahora corresponde a la justicia definir si este acto constituye una conducta sancionable, con posibles repercusiones legales y administrativas.
