En medio de una diligencia de desalojo realizada en el municipio de Yopal, departamento de Casanare, representantes legales de dos adultas mayores denunciaron presuntas irregularidades y actos arbitrarios por parte de la autoridad corregimental y de la Administración Municipal.
El procedimiento se llevó a cabo en el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria FMI 470-4029, propiedad del ciudadano Andrés Augusto Sánchez Pérez, ubicado en jurisdicción de Yopal. Según la denuncia, en el lugar residían desde hace años dos mujeres de avanzada edad, familiares del propietario, quienes habrían sido notificadas del desalojo sin existir una orden judicial que lo ordenara.
De acuerdo con el documento presentado por la defensa, la diligencia se desarrolla “bajo un proceso policivo irregular”, en el que —aseguran— se ha desconocido la existencia de un trámite judicial paralelo de deslinde y amojonamiento que cursa ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, bajo el radicado 2025-05500. En dicho proceso, el juez habría ordenado suspender cualquier actuación administrativa relacionada con el predio, pero la autoridad local habría decidido continuar con la diligencia.
Los representantes legales denunciaron además que durante el proceso se presentaron presuntas irregularidades como la alteración de documentos, la realización de diligencias sin previo aviso a las partes y la negación de pruebas clave. Aseguran que el corregidor desconoció la orden judicial y “actuó con sesgo y falta de diligencia”, permitiendo que se ejecute un desalojo en un predio distinto al que figura en el expediente.
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Según la defensa, la diligencia se realiza sobre el inmueble FMI 470-4029, mientras que la orden judicial inicial recaería sobre el predio FMI 470-3242, lo que, de comprobarse, representaría un error en la identificación de los bienes.
En el texto de la denuncia se advierte que el procedimiento ha generado un desplazamiento forzoso de dos adultas mayores, una de ellas identificada como Melania Fonseca de Pérez, mujer reconocida en la vereda Tilodirán por haber vivido toda su vida en el terreno en disputa.
“Se está cometiendo un despojo y una usurpación del bien inmueble, mediante maniobras fraudulentas y con desconocimiento del debido proceso”, sostiene la apoderada.
Los denunciantes solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y de la Personería Municipal de Yopal para verificar los hechos y evitar la vulneración de derechos fundamentales, alegando que se trata de un caso de desplazamiento forzoso y despojo de propiedad privada.
Finalmente, los afectados responsabilizan a la Alcaldía de Yopal y al Corregidor de Punto Nuevo por las consecuencias legales y humanas que pueda generar la ejecución del desalojo, afirmando que dejará sin vivienda ni recursos a las dos mujeres afectadas.
