La JEP concluyó que no tiene competencia para recibir la solicitud de sometimiento de del exmilitar, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2007 en la vereda Yopalosa (municipio de Yopal, Casanare), donde fueron asesinadas dos personas, tras un episodio que podría conectarse con la práctica de los llamados “falsos positivos”.
El exmilitar Gilmer Silva Oropeza había presentado en febrero de 2025 una solicitud de sometimiento ante la JEP, admitiendo su participación como reclutador de las víctimas y declarando vínculos con exintegrantes del Gaula Casanare.
Los hechos se remontan al sábado 11 de agosto de 2007, cuando Florentino Vargas Izquierdo y su primo Ricardo Vargas Izquierdo se desplazaron desde la vereda San Rafael al municipio de Yopal con el fin de realizar diligencias personales. En horas de la noche, recibieron una llamada de Silva Oropeza quien los invitó a salir bajo el supuesto negocio de un arma. Al abandonar el hotel en que se encontraban, fueron abordados por hombres armados que los subieron a un taxi y luego a una camioneta azul en la que fueron trasladados hasta la vía a Paz de Ariporo y luego a la vereda Yopalosa. Allí, Ricardo fue asesinado y su cuerpo hallado días después en el río Pauto; Florentino logró escapar cuando intentaban bajarlo.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha determinado que existe un patrón de “asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate” en la región de Casanare. Este patrón incluye engaños a las víctimas, manipulación de escenas del crimen, alteración de cuerpos y ocultamiento de identidades para impedir el acceso a la justicia.
No obstante, la JEP resolvió que no puede aceptar el sometimiento de Silva Oropeza debido a que los hechos investigados ya fueron objeto de una sentencia de absolución dictada por el Tribunal Superior de Yopal el 27 de agosto de 2010, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2013 cuando denegó el recurso de casación.
Por ello, la JEP ordenó remitir tanto las versiones voluntarias de los exintegrantes del Gaula Casanare —el mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el cabo segundo retirado Luis Eduardo Pereira Avilés— como la propia solicitud de sometimiento de Silva Oropeza a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
