En un memorial radicado ante el Tribunal Administrativo de Casanare, el demandante de pérdida de investidura Hernán Mateo Tarquino denunció presuntas irregularidades cometidas por el diputado departamental Wilder Andrés Ávila Tibavija durante la audiencia del 15 de septiembre de 2025, en el marco del proceso que cursa en su contra.
El escrito sostiene que el cabildante habría incurrido en contradicciones fácticas y posibles maniobras de mala fe procesal al negar su rol en la Comisión de Ética (durante 2024) y responsabilizar al presidente de la Asamblea de una votación que él mismo promovió.
El documento recoge apartes de la intervención de Ávila, quien afirmó no haber integrado ni presidido la Comisión Cuarta de Ética en dicho año y aseguró que el llamado a votar sobre una recusación fue realizado por la mesa directiva.
Sin embargo, el memorial confronta tales afirmaciones con pruebas oficiales: un video de la sesión ordinaria 082 de 2024 en el que el propio diputado impulsa la votación en plenaria; actas de conformación de comisiones donde figura como miembro y presidente de la Comisión de Ética; y publicaciones institucionales que ratifican ese rol directivo.
El demandante advierte que estas contradicciones no son meros errores, sino actos con relevancia jurídica, pues comprometen principios de lealtad procesal, buena fe y transparencia administrativa.
En este sentido, plantea que las declaraciones de Ávila, al ser contrarias a documentos públicos, podrían configurar el delito de fraude procesal contemplado en el artículo 453 del Código Penal, al inducir a error a una autoridad judicial para obtener una decisión favorable.
Además, el memorial resalta que la condición del diputado como presidente de la Comisión de Ética en 2024, le imponía un deber reforzado de abstención y probidad frente a recusaciones, lo que hace más grave la negación de sus funciones en audiencia.
El escrito solicita la incorporación de las pruebas sobrevinientes, la valoración negativa de la credibilidad del demandado, la imposición de sanciones por mala fe procesal y la compulsa de copias a la Fiscalía y Procuraduría para las investigaciones correspondientes.
El caso de Wilder Ávila pone de relieve los riesgos de que la estrategia defensiva se convierta en fraude procesal, figura que la legislación colombiana sanciona penalmente con prisión y que también acarrea consecuencias disciplinarias y económicas. Si la justicia acredita que un diputado faltó a la verdad en un juicio de pérdida de investidura, no solo quedaría en entredicho su futuro político inmediato, sino que se abriría la puerta a una investigación penal y a una eventual condena por inducir a error a un tribunal.
Ello evidenciaría que el uso engañoso del proceso judicial no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que puede sepultar la carrera de un dirigente público.
