La Personería Municipal de Villanueva encendió las alarmas sobre el contrato de obra No. 139 de 2023, destinado a la construcción del Centro de Encuentros de las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (Casa NARP). El proyecto, que supera los 2.174 millones de pesos, se encuentra bajo la lupa por una serie de hallazgos que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.
Los cuestionamientos de la Personería
El informe, enviado a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía seccionales, recopila presuntas irregularidades detectadas en la planeación y ejecución de la obra:
- Manipulación de avances en GESPROY: Los reportes oficiales indicaban un avance del 46%, pero las inspecciones oculares mostraban un desarrollo mayor, lo que evidencia inconsistencias en el cargue de información. El Departamento Nacional de Planeación ya había advertido retrasos y exigido planes de contingencia.
- Suspensión irregular de la obra: La interventoría INGECC ordenó detener los trabajos por 90 días alegando fallas en seguridad industrial. La Personería cuestiona la medida, al considerar que los riesgos pudieron corregirse en menor tiempo. Esta prolongada paralización, según el despacho, podría constituir un perjuicio directo al patrimonio público.
- Uso indebido de diseños eléctricos: El ingeniero César Ramírez Landínez denunció que sus planos fueron utilizados sin cesión de derechos ni pago de honorarios. Más grave aún: el profesional señala que quienes lo contactaron pertenecían a la interventoría, lo que pondría en duda la independencia del ente de control técnico.
- Posibles inhabilidades de un exconcejal: El nombre del exconcejal Diego Caicedo Ortiz aparece vinculado a la estructuración del proyecto, lo que podría configurar la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley. De confirmarse, este hecho encajaría en el tipo penal contemplado en el artículo 408 del Código Penal, con sanciones que van desde la cárcel hasta la inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Los implicados en el escándalo
- Consorcio Casa NARP: Contratista de la obra, cuestionado por los retrasos y la falta de claridad en la información reportada.
- Interventoría INGECC: Señalada por ordenar la suspensión del contrato sin motivos suficientes, por tener presunta injerencia en la selección de diseños técnicos y por no garantizar independencia frente al contratista.
- Fondo Mixto Sierra Nevada y AMAVVIC: Entidades que canalizaron los recursos de regalías y designaron contratistas e interventoría, pero que no habrían atendido los requerimientos de transparencia en la ejecución.
- Carvas Obras Civiles S.A.: Empresa que aparece en versiones de los intervinientes como responsable de pagos pendientes, aunque no figura formalmente como contratista ni interventora.
- César Ramírez Landínez: Ingeniero afectado por el uso no autorizado de sus diseños eléctricos.
- Diego Caicedo Ortiz, exconcejal de Villanueva: Presuntamente vinculado a la estructuración del proyecto, lo que lo pondría en el centro de un posible proceso penal y disciplinario.
Posibles sanciones y responsabilidades
De acuerdo con el informe de la Personería, las irregularidades detectadas podrían generar:
- Procesos disciplinarios contra funcionarios, contratistas e interventores que incumplieron deberes legales.
- Responsabilidad fiscal por un eventual detrimento al patrimonio público, que obligaría a resarcir los daños económicos causados.
- Investigaciones penales por violación de derechos de autor, falsedad en la información reportada y, en el caso del exconcejal Caicedo Ortiz, por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, con penas de hasta 18 años de cárcel.
Un proyecto bajo sospecha
La Casa NARP fue concebida como un espacio cultural para comunidades afrodescendientes, pero en Villanueva estas no tienen presencia directa. Los recursos, provenientes de regalías, fueron gestionados por AMAVVIC. Ahora, lo que debía ser un símbolo de inclusión y desarrollo comunitario se encuentra bajo la sombra de posibles irregularidades, disputas legales y la amenaza de sanciones para los implicados.
El caso está en manos de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que deberán esclarecer si los hechos constituyen faltas administrativas, daños al erario o delitos que comprometan a funcionarios, contratistas y exservidores públicos.
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