El municipio de Monterrey atraviesa un nuevo capítulo de tensión política y jurídica que enfrenta a la administración local con sectores que cuestionan la legalidad de las recientes decisiones sobre el Plan de Desarrollo “Un Futuro Mejor 2024–2027”.
La controversia se desató luego de que el abogado Alex Engativá Barreto, contratista en defensa judicial de la Gobernación de Casanare, interpusiera ante el Tribunal Administrativo de Casanare una acción de nulidad simple contra el Acuerdo Municipal 001 de marzo de 2025, mediante el cual se modificó el Plan de Desarrollo. En su escrito, Engativá argumenta que el trámite careció de garantías jurídicas y constitucionales, señalando presuntas irregularidades como:
- Ausencia del concepto técnico de incidencia ambiental.
- Desconocimiento del Consejo Territorial de Planeación.
- Violación al reglamento interno del Concejo en el segundo debate.
- Falsa motivación por unidad de materia.
Adicionalmente, el abogado cuestionó el Proyecto de Acuerdo 014 de 2025, que busca autorizar un empréstito de $20.000 millones con cargo al mismo plan. Según él, la administración local no ha presentado estudios técnicos y financieros suficientes que respalden la viabilidad del endeudamiento, lo que lo llevó a solicitar una medida cautelar de suspensión provisional. “No se trata de frenar el progreso —explicó Engativá— sino de prevenir un daño al erario y asegurar reglas claras en la planeación e inversión del gasto público”.
La respuesta del alcalde: llamado a la unidad
La acción judicial de Engativá generó reacción en el Palacio Municipal de Monterrey: El alcalde, Alejandro Ballesteros, acusó a Engativá y a los concejales de oposición de “entorpecer el desarrollo del pueblo regiomontuno” al acudir a vías jurídicas contra decisiones de su administración.
Ballesteros hizo un llamado público a dejar de lado la confrontación política: “Dejen trabajar, unamos esfuerzos en lugar de ser talanquera o piedra en el zapato. La comunidad necesita líderes unidos y luchando por darle viabilidad a los proyectos que mejoren su calidad de vida”.
El mandatario subrayó que el municipio requiere de consensos y no de disputas legales que, en sus palabras, terminan por “perjudicar gravemente al pueblo”.
Sin embargo en el municipio es evidente el ambiente de rechazo al endeudamiento pues en campaña Ballesteros se ufanaba de sus contactos y experiencia en la gestión de recursos desde el orden nacional, sumado a que parte del recurso se usaría para la compra de una nueva camioneta para el mandatario, cuando el municipio tiene necesidades mas urgentes.
Por otro lado aun persisten los cuestionamientos sobre los recursos invertidos en las pasadas festividades del municipio
¿Legalidad vs. gobernabilidad?
La situación plantea un dilema de fondo para Monterrey: mientras la Alcaldía insiste en que las acciones jurídicas obstaculizan la gestión, los demandantes sostienen que el verdadero riesgo radica en tomar decisiones apresuradas sin respaldo técnico ni legal.
Más allá de la pugna personal entre el alcalde Ballesteros y el abogado Engativá, el caso refleja un problema estructural que se repite en muchos municipios del país: la dificultad de conciliar el principio de legalidad en la administración pública con la urgencia política de ejecutar proyectos y la salida facilista de los mandatarios en acudir a endeudamientos y vigencias futuras en lugar de realizar gestión en el orden departamental y nacional.
