La Procuraduría Regional resolvió de fondo las recusaciones que mantenían frenado el trámite del proyecto de superávit departamental, y concluyó que dichas recusaciones eran infundadas, sin sustento legal ni fáctico. Con esta decisión, la Asamblea Departamental queda habilitada para continuar con el estudio y resolución del recurso de apelación aún pendiente.
El fallo deja claro que el trámite del superávit continúa vigente bajo el proyecto original y que, en consecuencia, no se puede presentar ni avanzar con una nueva iniciativa, como lo intentó la Gobernación con un segundo proyecto recientemente radicado.
Este pronunciamiento no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas. Durante varias semanas, el Gobierno del gobernador César Ortiz Zorro responsabilizó a la Asamblea por el estancamiento del proceso. Sin embargo, la realidad expuesta por la Procuraduría señala otra dirección.
Fueron precisamente los diputados afines al gobierno –Eduardo Antolines, Omar Ortega, Heyder Silva, Wilder Ávila y Alejandro López– quienes interpusieron las recusaciones y la apelación que terminaron bloqueando el avance del proyecto que supuestamente buscaban acelerar.
Ahora, con la decisión del Ministerio Público, se restablece el curso institucional del trámite y se confirma la postura que defendió la mayoría de la Asamblea: que la legalidad debía prevalecer sobre la presión y la improvisación.
