Aunque se probó que votó su propia recusación, el Tribunal exoneró a Duarte al considerar que no actuó con dolo. Una decisión que reabre el debate sobre la interpretación del conflicto de intereses en la política regional.
Por: @JSolanoPrensa
El Tribunal Administrativo de Casanare sorprendió a la opinión pública al negar la pérdida de investidura de la diputada Marisela Duarte Rodríguez, en un fallo emitido este 30 de abril de 2025. El caso, ampliamente seguido por sectores políticos y ciudadanía, giraba en torno a un presunto conflicto de intereses durante la elección del Secretario General de la Asamblea, en la cual Duarte votó su propia recusación.
Lo que se decidió
Pese a reconocer que Duarte participó irregularmente en la votación de su recusación, el Tribunal resolvió lo siguiente:
> “PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura promovida por Nay Epimenio González Cely en contra de la señora Marisela Duarte Rodríguez, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.”
¿Por qué la absolvieron?
El Tribunal argumentó que Duarte no actuó con dolo y que su participación fue inducida por la interpretación errada del reglamento interno por parte del presidente de la Asamblea, quien permitió expresamente su votación. Además, se valoró su falta de experiencia, su bajo nivel de formación académica y la ausencia de antecedentes en este tipo de procedimientos.
Según el fallo, la diputada actuó convencida de que no estaba incurriendo en una falta y fue el contexto institucional el que generó el error. Se concluyó que el procedimiento fue viciado desde la Presidencia de la Duma y no puede exigirse responsabilidad objetiva en un juicio que tiene carácter sancionatorio.
Una decisión polémica
Aunque jurídicamente sólido para algunos, el fallo ha sido recibido con escepticismo por sectores que consideran que exonera una conducta contraria a la ética pública y podría sentar un precedente riesgoso: ¿hasta qué punto un funcionario puede excusarse en su ignorancia o en fallas de procedimiento?
Para otros, se trata de un avance en la aplicación del principio de culpabilidad, que exige una voluntad consciente de transgredir la norma para sancionar severamente a un servidor público.
Implicaciones políticas
La diputada Duarte, con vínculos cercanos al senador Alirio Barrera y a sectores influyentes del Centro Democrático, sale fortalecida políticamente. No solo conserva su curul, sino que queda validada jurídicamente para futuras aspiraciones. Sin embargo, su imagen pública queda en un terreno ambiguo, entre la victimización institucional y la laxitud ética.
En Resumen»
Este fallo no pone punto final al debate: lo traslada al campo de la reforma normativa y del control político ciudadano. La sentencia revela fisuras en la aplicación de los principios de transparencia e imparcialidad en las corporaciones públicas, e invita a revisar los protocolos institucionales y la formación de los diputados, más allá del cumplimiento formal de la ley.
