Desde su inicio en diciembre de 2023, el concurso para la selección de directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha estado marcado por retrasos, falta de transparencia y cambios en el cronograma.
Lo que en un principio debía culminar en junio de 2024 con la conformación de la terna para que los gobernadores hicieran su elección, sigue sin resolverse.
El proceso contemplaba pruebas de conocimiento en marzo de 2024, seguidas por la valoración de antecedentes y la hoja de vida en abril. Sin embargo, el cronograma inicial fue eliminado sin previo aviso, y las fechas publicadas no se cumplieron.
No fue hasta junio que se publicó la valoración preliminar de antecedentes, sin que posteriormente se entregaran los resultados definitivos.
Uno de los principales obstáculos surgió con el vencimiento del convenio entre el ICBF y la Universidad Nacional, pues se trata de un concurso a nivel nacional, y la UNAL era la entidad encargada de realizar las pruebas. Este acuerdo expiró el 31 de julio, y desde entonces el proceso ha quedado en manos del ICBF sin que se hayan publicado avances significativos.
Además, el proceso ha generado múltiples inconformidades, con varias reclamaciones por la valoración de antecedentes y hojas de vida que nunca obtuvieron respuesta. A pesar de que la última fase del concurso es la entrevista, que representa apenas el 15% de la evaluación, esta tampoco ha sido programada ni anunciada oficialmente.
La incertidumbre ha llevado a que algunas personas presenten tutelas en Bogotá y Cundinamarca, buscando respuestas y claridad en el proceso. Mientras tanto, las direcciones regionales del ICBF en todo el país permanecen a cargo de funcionarios encargados, ya que los titulares fueron obligados a renunciar o declarados insubsistentes.
Hasta la fecha, el ICBF no ha ofrecido información concreta sobre la finalización del concurso, manteniendo en vilo a los aspirantes y generando preocupación sobre la continuidad y estabilidad en la dirección de las regionales, lo que repercute en traumatismos administrativos y el fallas en la misionalidad de la entidad, que es brindar atención a la infancia y adolescencia, tan necesaria en la realidad actual del país.
