Un juzgado de Pore admitió una acción de tutela que busca explicaciones de la Alcaldía Municipal en torno al controvertido proceso de asignación de 122 lotes para construir soluciones de vivienda, y que según el denunciante presentan inconsistencias evidentes al menos en 24 casos donde los destinatarios no cumplirían con los requisitos para acceder a tales beneficios.
El colmo de las «curiosidades» de dicho proceso es que la lista de notificación de las personas que fueron escogidas (122) y de quienes fueron «descabezados» (362) por un aparente incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, fue firmada por el Secretario de Planeación (con funciones encargo) y aunque es un documento de la Alcaldía de Pore, aparece fechado y suscrito en «Paz de Ariporo».
Por tal razón, familias afectadas interpusieron la acción de tutela pues no consideran justo que en muchos hubieran quedado por fuera, incluso por presuntos incumplimientos de documentos o requisitos completamente subsanables.
El proceso fue muy sigiloso y aquellas personas que aplicaron al mismo, invirtieron hasta $70 mil en la consecución de certificados, papelería, pago de carpetas y demás, para preparar los documentos que aportaron como aspirantes a la selección de la Alcaldesa Guarnizo.
Sin embargo, el desencanto para decenas de familias fue mayúsculo y con mayor razón cuando al conocer los nombres de los «beneficiados», encontraron familiares de concejales, algunas personas vinculadas laboralmente a la Alcaldía (a las cuales se les calificó «en pobreza extrema»), ciudadanos que habrían adulterado su calificación ante el SISBÉN e incluso personas que no son ni residentes en Pore.
Incluso, en la denuncia de tutela se evidencia el caso del Secretario de Planeación (encargado) que firmó el documento en donde se anuncian subsidios para familiares suyos.
Según el texto de la demanda, los funcionarios de la Alcaldía, incluso la propia mandataria, fueron requeridos por personas que no superaron los filtros y varios de ellos (víctimas de desplazamiento y de casos de violencia, o personas en condición de discapacidad), no fueron atendidos de manera oportuna y nunca hubo «tiempo», incluso ni siquiera de la Alcaldesa, para escuchar sus inquietudes.
En cuanto a la decisión del Juez, notificó traslado de la acción de tutela a la representante legal del municipio: la alcaldesa, Cristina Guarnizo Tibaduiza, y al jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Obras de Pore, para que se pronuncien al respecto.
También, vinculó a la Personería Municipal de Pore como agente del Ministerio Público, en vista de que se trata de una presunta violación a derechos fundamentales que se se tipificarían con la violación de dichas normas.
En un plazo de dos días habiles, los accionantes deben presentar sus pruebas y el municipio y la Personería, responder a la acción de tutela.
