La Fundación paz y Reconciliación entregó informe de investigación a candidatos cuestionados que participan en estos comicios electorales, el informe menciona a un aspirante a una alcaldía del norte de Casanare. A continuación la lista de los aspirantes mencionados en dicho informe:
1. Álvaro León Flórez (Centro Democrático – Aspirante a gobernación del Vichada) Se ha dado a conocer por sus presuntos nexos con el narcotráfico. El pasado 18 de agosto, personas de Vichada y Guainía denunciaron ante la Fiscalía, la Procuraduría y la MOE los presuntos nexos con el narcotráfico que guarda León en el Vichada. Adicionalmente, la demanda también contempla la utilización de comunidades indígenas con fines electorales. Ahora bien, aunque para el momento León no aparezca con ningún proceso de investigación, la Fundación Arcoiris ya había adelantado una investigación al respecto en 2011.
Por otro lado, es apoyado por Andrés Espinosa, ex gobernador de Vichada que fue destituido e inhabilitado por 12 años, por vulnerar los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación. Las anteriores irregularidades, fueron encontradas al investigar el proceso de construcción de la sede del Centro de formación e Investigación en Energías Renovables de la amazonía y Orinoquía -cuyo costo superó los 23000 millones de pesos-. Adicionalmente, durante las anteriores elecciones regionales, apoyó a Luis Carlos Álvarez, quien actualmente tiene siete investigaciones vigentes, relacionadas con la celebración irregular de contratos.
2. Andrea López Zabala (Coalición – Aspirante a alcaldía de Ocamonte, Santander) Su firma aparece entre uno de los documentos que conforman todo el paquete recolectado por la oficina jurídica en relación con el proceso de corrupción que denunció Pares. En específico con el convenio 00001615 del año 2014 por un monto de $12.000.000 que falsificó presuntamente las firmas de 27 personas que se vieron beneficiadas con este proyecto. Lo anterior indica que presuntamente López Zabala debía tener conocimiento de las irregularidades que existían en ese convenio.
3. Anuar Fernando Tapias Ruiz (Firmas – Aspirante a alcaldía de Unguía, Chocó) Según distintas fuentes en territorio es apoyado por una banda criminal que operaría en la zona. Este grupo, habría apoyado también a la candidatura de Otoniel Pérez Sáenz en las elecciones atípicas del 2016. Otoniel (el actual alcalde Unguía) estaría apoyando Fernando a la alcaldía y, adicionalmente, estaría movilizando votos desde el municipio de Turbo para que voten por él.
4. Buanerges Rosero Peña (Firmas – Aspirante a gobernación del Putumayo) La Fundación Paz y Reconciliación realizó una investigación en la que encontró que Buanerges intentó contratar a su cuñado, John Pardo, como asesor durante su administración como alcalde. Ya que tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de John, Horacio Pardo, como asesor. Aún después de fallecido Horacio, aparece en la firma de documentos y giros de la alcaldía en el 2015.
5. Daniel Enrique Montero Montes (Coalición – Aspirante a alcaldía de Tierralta, Córdoba) Montero Montes empezó su carrera política apoyado por el cuestionado exsenador corrupto Bernardo “Ñoño” Elías, quien lo respaldó en su aspiración al Concejo de Tierralta en 2011 cuando resultó elegido. Posteriormente, en 2015 se lanzó a la alcaldía de Tierralta, con el aval del partido Conservador y el respaldo del entonces representante a la Cámara David Barguil, pero perdió contra el cuestionado alcalde Fabio Otero Avilez.
De ahí, pasó a las toldas del Clan Besaile, debido a que fue una de sus cuotas durante la gobernación del destituido exgobernador Edwin Besaile como director de Vivienda Departamental (VIS). Como un saltimbanqui político, busca aspirar por segunda vez a la alcaldía municipal con el apoyo del Clan Besaile y del cuestionado alcalde Otero, quien había sido suspendido por tres meses de manera provisional tras la apertura de las investigaciones en torno a una presunta omisión por parte de la institucionalidad que habría desencadenado el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño.
Por esta suspensión, la prima de Otero, Angélica Avilez Argel, declinó en su aspiración y se adhirió a la campaña de Montero. Cabe resaltar que, a pesar de los reparos de la Procuraduría, el 19 de septiembre de 2019 fue ratificado el fallo judicial que ordena la continuidad del alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez.
Como si lo anterior no fuera suficiente, Montero cuenta con un equipo de campaña bastante cuestionado por sus presuntos nexos con los otrora grupos paramilitares en Tierralta. De acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación y con un medio regional, su estructura es la siguiente:
Humberto Santos Negrete: coordinador General, exalcalde de Tierralta elegido para el periodo de 2004 al 2007.
Según el portal Verdad Abierta, en declaraciones de Salvatore Mancuso, Santos Negrete personalmente suscribió compromisos con los políticos de Tierralta. Cabe resaltar que, por estos y otros hechos, fue capturado en noviembre de 2009 por miembros del CTI de la Fiscalía, para que respondiera ante la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado.
Marciano Argel Yanez: de acuerdo con las bases del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, Argel registra como gerente de campaña de Montero. Argel se desempeñó como alcalde de Tierralta en el periodo 1998 al 2000, quien fue demandado por fraude electoral, y suspendido ocho meses antes de finalizar su periodo. De acuerdo con diversas investigaciones de la Fiscalía y sentencias de Justicia y Paz, Argel aparece referenciado como uno de los firmantes del Pacto de Ralito, razón por la cual estuvo recluido en la cárcel La Modelo.
Sigilfredo Senior Sotomayor: coordinador político. Exalcalde de Tierralta, en el periodo 2001 al 2003. Senior fue acusado por la Fiscalía en 2008 y se acogió a sentencia anticipada y recibió una condena de seis años y tres meses de prisión por parapolítica por haber firmado el pacto de ralito.
Daberlys Arrieta: coordinador financiero. Es uno de los grandes contratistas del departamento, además es cuñado de Montero.
6. Francisco Álvaro Fajardo Pinilla (Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de Facatativá, Cundinamarca) En una grabación revelada por Blu Radio, se compromete al candidato con el representante del partido Liberal Óscar Sánchez León, en un negocio para cambiarle el uso del suelo a una finca. En las grabaciones, Fajardo, quien era notario primero, le habría cobrado 500 millones de pesos a un habitante para cambiar el uso del suelo de una finca de rural a agroindustrial de 100.000 metros cuadrados. Estos hechos habrían ocurrido cuando Óscar Sánchez León era alcalde del municipio (2008/2011), en un negocio relacionado con la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. La denuncia la habría interpuesto el habitante de Facatativá el 8 de febrero de 2018.
7. Gerardo Abel Cujia Mendoza (Coalición – Aspirante a alcaldía de Uribia, La Guajira) Cujia Mendoza ha trabajado durante más de 20 años en la alcaldía de Uribia, y desde hace más de una década como asesor jurídico de la temida cacica Cielo Redondo. Esta última ha sido dueña y señora del municipio, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores alianzas con el representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad).
8. Giovanni Murcia Leyva (Partido de la U – Aspirante a alcaldía de Carmen de Carupa, Cundinamarca) GEs un político local que ha tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio desde 2011, cuando se lanzó a la alcaldía y obtuvo una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U. De acuerdo con fuentes en territorio consultadas por la Fundación Paz y Reconciliación, su administración estuvo presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, así como por supuestos contratos con presupuesto que no se ejecutaron.
9. Hamilton Raúl García Peñaranda (Firmas – Aspirante a alcaldía de Fonseca, La Guajira) García Peñaranda, abogado de profesión y quien tiene parentela con el temido narcotraficante Marquitos Figueroa, aspira a quedarse con la alcaldía de Fonseca en 2019. Sus vasos comunicantes con cuestionados personajes del departamento empezaron en 2012, cuando fue nombrado asesor del despacho por parte del exgobernador condenado a 55 años de prisión por homicidio, además de vínculos con grupos paramilitares y socio de Marquitos Figueroa, “Kiko” Gómez.
A pesar de que este último fue capturado en 2013, García mantuvo su cargo en la Gobernación de José María ‘Chemitas’ Ballesteros, quien llegó como sucesor de Kiko gracias a su apoyo. Durante su gestión, García fue recordado más por protagonizar acciones irregulares, entre las cuales El Espectador resalta las extrañas visitas a la Contraloría en 2013 cuando la entidad realizaba un seguimiento de tres contratos de 200 mil millones de pesos, de la administración anterior y de la del entonces gobernador Kiko Gómez.
Siguiendo la misma línea política del Clan de la Gran Alianza, García apoyó al hijo de kiko, Fernando Gómez Bacci, al Congreso de la República en 2018, y este año estaría apoyando a su otra hija, Juana Gómez Bacci a la asamblea departamental. Sin embargo, también apoya a la gobernación al contradictor del Clan y del Kikismo, pues estaría haciendo campaña con el candidato del congresista Alfredo Deluque, Nemesio Roys. Esto significaría una supuesta ruptura con el Kikismo, pero cabe resaltar que seguiría teniendo presuntos apoyos de Marquitos, por medio de su hijo y, al parecer, también de otro de sus familiares, el prófugo Dailmer Paul Corrales Figueroa, alias “Parru”, sobrino y señalado jefe sicarios de Figueroa.
Como si lo anterior no fuera suficiente, a García también lo investigan por una supuesta inhabilidad, pues existe una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar una investigación debido a que García Peñaranda es hermano de Flor García Peñaranda, quien actualmente es gerente del Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha y al tratarse de una entidad departamental de segundo nivel, también presta servicios de salud en el régimen subsidiado en el municipio de Fonseca. Cabe recordar que Flor García se había desempeñado hasta noviembre de 2018 como gerente del hospital de San Agustín de Fonseca para no inhabilitar a su hermano.
10. Hernando Acevedo Liévano (Firmas – Aspirante a alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander) La empresa familiar TRASÁN fue condenada por colaborar con las AUC en Norte de Santander, mediante la sentencia Sentencia SP16740-2014 de diciembre 9 de 2014 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta se hace referencia a pagos mensuales a este grupo entre 10 y 50 millones de pesos. Tanto la madre y hermanos del actual candidato, Hernando Acevedo Lievano, fueron condenados.
En el espacio ´Hablemos de verdad´ en Cúcuta, organizado por El Espectador, 15 de agosto de 2019, Jorge Iván Laverde alias “El Iguano” reafirmó el papel activo de la empresa TRASÁN en la financiación de las AUC. Ninguna de las acusaciones afecta directamente a Hernando Acevedo y públicamente niega haber hecho parte de ese tipo de actividades.
11. Iván Javier Gelvez Jiménez (Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander) Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de Jorge Iván Laverde alias “El Iguano”, comandante del Frente Fronteras de las AUC, perteneciente al Bloque Catatumbo. En el numeral 175, página 84, nombra las empresas que la Fiscalía señala, fueron las financiadoras de los paramilitares en la región. Dentro de estas se encuentra la FERRETERÍA EL PALUSTRE. Ferretería que fue manejada por Luis Martin Gelvez, hasta su muerte cuando fue heredada a sus hijos, entre ellos el actual candidato a la alcaldía Gelvez Jiménez y sus hermanos, Martín Herney Gelvez Jiménez y Deasy Fabiola Gelvez Jiménez.
De hecho, en una nota de prensa de febrero de 2002 esta ferretaría fue un objetivo militar, mediante un carrobomba activado por la guerrilla del ELN. En esta misma nota se entrevista a Gelvez Jiménez como propietario del negocio.
Por otro lado, esta no es la única vez que El Palustre es mencionado dentro de tan controversial afirmación. En agosto de 2016 los tribunales de Justicia y Paz enviaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un listado de 57 empresas que serían investigadas por la JEP por colaboración con grupos paramilitares en el que también se encontraba El Palustre
Finalmente, en el espacio ´Hablemos de verdad´ en Cúcuta, organizado por El Espectador, 15 de agosto de 2019, Jorge Iván Laverde alias “El Iguano” reafirmó el papel del PALUSTRE en la financiación de las AUC. Específicamente en el minuto 2:57:34, responde a la pregunta de un periodista afirmando que el Palustre fue mencionado por ORLANDO BOCANEGRA ARTEAGA, Alias El Viejo, perteneciente al Bloque Catatumbo, y quien murió tres meses después de la desmovilización, como empresa financiadora de los paras.
Aunque los señalamientos de financiación a las AUC se atribuyen a la empresa familiar de los Gelvez, no se ha comprobado que el actual candidato, Iván Gelvez, esté relacionado con tales actividades.
12. Javier Aristides Guerra Castillo (Firmas – Aspirante a alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia) Según declaraciones de Ramón Isaza, excomandante paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de su hijo, Oliverio Isaza, alias ´Terror´, en febrero de 2019 ante la Fiscalía 47 de Justicia y Paz, existió una relación de los paramilitares con Guerra Castillo. De acuerdo con estos a mediados de 2001 robaron 17 tractomulas cargadas de cemento a la empresa Río Claro.
El material robado fue entregado a Guerra Castillo, entonces alcalde, para que pavimentara la autopista Medellín-Bogotá al corregimiento Las Mercedes. Adicionalmente, existe registro de un contrato para la pavimentación de este proyecto por 153 millones de pesos y no existen los comprobantes de las transacciones realizadas al contratista. Ya en 2012 Guerra Castillo había sido capturado por la Fiscalía con medida de aseguramiento por presuntamente haber participado del homicidio de la líder comunitaria Damary Mejía Ramírez, líder social reclamante de tierras de la Hacienda Nápoles.
En versión libre, Ramón Isaza había declarado que ordenó la muerte de la líder, pero no se pudo comprobar la participación del exalcalde que fue declarado inocente en noviembre de 2014.
13. Jorge Camilo Abril Tarache (Firmas – Aspirante a alcaldía Paz de Ariporo, Casanare) Aparece con 24 procesos fiscales ordinarios y 3 verbales, por diversos aspectos de la contratación realizada como alcalde de Paz de Ariporo; en todos ellos aparece como medida cautelar el embargo de cuentas bancarias.
Fue cuestionado porque uno de sus apoyos para llegar a la cámara de representantes fue el exgobernador William Pérez, condenado por parapolítica. Además, se cuestiona su paso por la secretaría de cultura de Casanare, debido a la firma de un contrato con la empresa Ctela para inseminación artificial de ganado; empresa que funcionó como fachada del narcotraficante Gustavo Tapias Ospina, alias «Techo». Adicionalmente, ha tenido quejas de la policía municipal por irregularidades y faltas disciplinarias en su campaña.
14. José Fernando Zabaleta López (Partido Conservador – Aspirante a alcaldía El Molino, La Guajira) De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación, Zabaleta López es un candidato fuertemente cuestionado por diversas investigaciones que pesan en su contra. Para el periodo 2008-2010 Zabaleta ejerció el cargo de tesorero y en 2012-2015 fue elegido alcalde.
Actualmente se encuentra aspirando a su reelección a pesar de que enfrenta investigaciones por presuntos delitos contra la administración publica y procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación por presunta celebración indebida de contratos. En 2016 fue capturado debido a que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento dentro del proceso por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, corrupción de sufragante y además por fraude en inscripción de cédulas.
De acuerdo con fuentes regionales, además de Zabaleta, Rusbel Esneider Duarte Balcázar, excandidato a la Alcaldía; José Guillermo López Móscate, administrador del programa social del Sisben para ese momento y Guillermo Luis Builes Medina, registrador municipal, estuvieron vinculados al mismo proceso por las mismas causales.
Las investigaciones indican que las personas vinculadas habrían cometido el delito de trashumancia electoral o acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye, también se les acusó de expedir registros civiles falsos y adicionalmente expedición de cédulas a personas oriundas y traídas de Venezuela. Además, según el Portal La Guajira Hoy, a los ciudadanos se les habría pagado entre los 100 mil pesos 2 millones por voto, entre otras dádivas.
Pero esto no es todo. De acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, la actual campaña de Zabaleta tendría presuntos riesgos de financiación de parte de organizaciones ilegales de la alta Guajira.
15. Lorenzo Javier Iguarán Solano (Coalición – Aspirante a alcaldía de Barrancas, La Guajira) El ingeniero Iguarán guarda una relación directa con el criminal Kiko Gómez desde su natal Barrancas, de donde ambos son oriundos. En este municipio, que es el bastión electoral más importante para Kiko, Iguarán aspira a llegar con su respaldo y el de sus hijos: Juana (quien va para la asamblea departamental) y Francisco Gómez Bacci (quien se quemó en las elecciones al Congreso en 2018).
La trayectoria política de Iguarán se remonta a 2014 cuando creó el movimiento político Gente Pila, que es con el que aspira en 2019. Esta plataforma política le sirvió, junto con el padrinazgo de Kiko, para llegar a uno de los cargos más importantes, pero mal manejados del departamento: la Secretaría de obras e Infraestructura. Como cuota del Kikismo y del Clan de la Gran Alianza, a tan solo 2 meses de haber iniciado su mandato, la exgobernadora prófuga de la justicia Oneida Pinto nombró en 2016 a Iguarán en el cargo. Desde ahí, manejó la ejecución de los planes de Vivienda, Agua, Saneamiento Básico y Electrificación Urbana y Rural. Un cargo que controlaba el kikismo desde que llegaron a la gobernación en 2012.
El nombramiento de Iguarán en el cargo también responde a una contraprestación por los votos recibidos de parte de Jorge Cerchiario Figueroa, familiar de Kiko, quien hizo campaña para Pinto a la gobernación y quedó elegido como alcalde de Barrancas en 2015, con el apoyo de Gente Pila. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2016, sin siquiera haber cumplido un año en el cargo, Iguarán fue declarado insubsitente por ausentarse de sus funciones.
Sin embargo, la estela de la relación de Iguarán como heredero de la estructura política mafiosa de Kiko Gómez se remonta a tiempo atrás. Dos hechos son relevantes. El primero, de acuerdo con La Silla Vacía, se trata del favorecimiento de Iguarán como contratista de la Alcaldía de Barrancas en 2013, cuando el alcalde era el liberal Javid Figueroa Brito, sobrino del narcotraficante Marquitos Figueroa, quien llegó con el apoyo del Kikismo.
El segundo hecho es que su papá, José Javier Iguarán Zárate, fue uno de los testigos presentados por la defensa de Kiko en la investigación que enfrentó por la muerte del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta. De acuerdo con una denuncia realizada por el portal La Nueva Prensa, contrastadas con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, a Iguarán Zárate, quien fue portero de la alcaldía de Barrancas durante ocho años, le ofrecieron por esa declaración falsa que su hijo (Lorenzo Iguarán) sería candidato oficial a la alcaldía de Barrancas. Sin embargo, luego de una serie de irregularidades en las declaraciones presentadas por Iguarán, condenaron a Kiko Kómez por este homicidio.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el ingeniero Iguarán ha recibido el apoyo de Kiko desde la cárcel, de su hija Juana Gómez, y también tendría el respaldo de manera ilegal de funcionarios de la actual administración que estarían participando en política.
16. Luis Alejandro Villegas Cano (Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de San Roque, Antioquia) Su padre fue Luis Alberto Villegas Uribe, ganadero y empresario del municipio que participó de la creación de la Convivir El Cóndor con presencia en los municipios de San Roque, Maceo, Yalí y Yolombó, la cual fue una de las bases para la creación del Bloque Metro.
Villegas fue detenido en junio de 1998 por la Fiscalía por concierto para delinquir por sus relaciones con el paramilitarismo. No obstante las contundentes pruebas presentadas en noviembre de 1999 este fue absuelto.
El 5 de diciembre de 2004 fue asesinado por orden de ´Julián Bolívar´, quien posteriormente declaró que las AUC tuvieron relaciones con el empresario y ganadero, en especial en el corregimiento San José del Nus, donde se encontraba el centro de operaciones de estos.
Asimismo, su tío se encuentra investigado por la creación de estructuras paramilitares desde la hacienda Guacharacas junto con los hermanos Uribe Vélez. De hecho, Luis Alberto Villegas y su esposa, Gloria Elena Cano López compraron dos haciendas a los Uribe en 1984 y 1990, respectivamente.
Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo (Partido MAIS – Aspirante a alcaldía de San Benito Abad, Sucre) De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación y de una investigación realizada en este municipio, Manuel Cadrazco Salcedo, quien fue alcalde por dos períodos (1998 –2000; 2008-2011) y es esposo de Milagro Piedad Martelo, ha acumulado un poder en el municipio tan grande, que es propietario de grandes haciendas, junto con su esposa, cada una titulada con un nombre corporativo «CAMAR» (Cadrazco- Martelo).
Hoy en día este municipio no cuenta con servicio de agua potable; sin embargo, los únicos espacios que tienen este servicio son las grandes haciendas de Manuel Cadrazco Salcedo. En febrero de 2017, el exalcalde fue capturado en el marco de la operación de la Fiscalía denominada Bolsillos de Cristal, donde varios funcionarios y exfuncionarios resultaron retenidos por las autoridades por delitos relacionados con malos manejos de recursos públicos. Sus grandes influencias en la región le permitieron presuntamente enredar la justicia, donde obtuvo detención domiciliaria.
La investigación contra Cadrazco se deriva de un informe presentado por la Contraloría General de la Nación, tras una auditoría realizada en el año 2008, donde se encontraron supuestos hallazgos y se reportaron a la Fiscalía. El señalamiento al exalcalde se realiza por incurrir en los delitos de peculado por apropiación y falsedad en contrato de compra de carpas para los botes del transporte público y escolar fluvial.
A pesar de las sucias jugadas por parte de Cadrazco, la Procuraduría lo inhabilitó en el año 2017 hasta el 2022, para contratar con el Estado y así mismo para desempeñar cargos públicos. Sin embargo, para las elecciones de 2019 está aspirando a la alcaldía de este mismo municipio con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Así mismo, cuenta con el apoyo del exconcejal Ever Truco Tovar y de la familia Villarreal Aragón.
17. Marcial Andrés Tapias Fernández (Partido Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de Unguía, Chocó) Siendo un delfín en el campo político, es heredero político de su padre el exalcalde de Unguía Cayetano Tapias Romero, quien fue condenado a 8 años de prisión a una multa de 105 millones de pesos por una juez penal del Circuito Especializado de Descongestión de Quibdó por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
Los hechos habrían ocurrido en el 2006 cuando Cayetano giró cheques a personas con números de cédulas falsas. Estos recursos habrían quedado en las cuentas del Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, bajo el mando de Alias el Alemán. Actualmente, Cayetano tiene una pena privativa de la libertad, casa por cárcel.
18. María de Jesús Blanco Jiménez (Cambio Radical – Aspirante a alcaldía de María La Baja, Bolívar) En el año 2011 la fiscalía 41 local de Calamar, Bolívar solicitó al juzgado de control de garantías del municipio de Mahates, la celebración de la audiencia preliminar de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra María de Jesús Blanco Jiménez. La señora Blanco Jiménez fue acusada por el presunto delito de invasión de tierras agravado, perpetrado contra algunos campesinos de la región.
Sin embargo, la alcaldesa de esa época, Diana María Mancilla, nunca procedió a darle cumplimiento al desalojo que exigían los campesinos donde se encontraba la familia Jiménez. Por este hecho, la exmandataria fue suspendida de su cargo por tres días tras no dar cumplimiento a un fallo de tutela que buscaba proteger los derechos de los campesinos.
19. Nydia Lucera Ospina López (Partido Verde – Aspirante a alcaldía de Obando, Valle del Cauca) Fue alcaldesa del municipio de Obando para el periodo 2012-2015. Es la suegra de José Ignacio Mira, conocido como Capitán Mira o alias Gafas, a quien se le acusa de pertenecer al temido cartel del Norte del Valle y de haber participar del asesinato del ex ministro Álvaro Gómez. Ha sido abogado de los hermanos Comba, líderes de la temida banda Los Rastrojos, así como intermedidador en el proceso de sometimiento de estos y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, también conocidas como Clan del Golfo, que no se concretó en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Recientemente el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, denunció amenazas por parte del Capitán Mira o alias Gafas para que no mencionara en su proceso a Álvaro Ashton ni a Juan Carlos Abadía. También se le atribuye asesoría legal a los Flacos, banda que tiene azotado el Norte del Valle y que sería responsable de los atentados contra el candidato a la alcaldía de Cartago y el actual alcalde Obando.
20. Mario Alexander Hurtado Quiñones (Coalición – Aspirante a alcaldía de Barbacoas, Nariño) Su padrino político es Juan Carlos Quiñones, exalcalde de Barbacoas para el período 2001-2003, fue mencionado en una sentencia de Justicia y Paz por haber inscrito a alrededor de130 paramilitares al SISBEN. La Procuraduría inhabilitó al exalcalde p or 20 años para ejercer cargos público en marzo del 2008. En el 2003 omitió hacer una transferencia de 3.213 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participación al sistema de salud del municipio
