FAMILIA TAURAMENERA RECUPERA 456 HECTÁREAS QUE LES HABÍA ARREBATADO ALIAS “MARTÍN LLANOS”

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El Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, profirió la quinta sentencia del departamento de Casanare, a favor de una viuda, sus hijos y nietos quienes fueron víctimas de la violencia paramilitar que azotó esa zona. 

El predio “Mata de Palma” que fue abandonado por presión del entonces jefe paramilitar Héctor Buitrago (alias Martín Llanos), volvió a manos de sus legítimos dueños: los integrantes de la familia Cano, quienes después de 29 años podrán regresar a su tierra en la vereda El Güira del municipio de Tauramena.

En el año 1990, los Cano adquirieron el predio de 456 hectáreas en el que tenían cultivos de pancoger.

La tranquilidad para esta familia campesina terminó dos años después cuando a su finca llegaron las Autodefensas Unidas del Casanare al mando de Buitrago y les ofrecieron una suma irrisoria por su propiedad; propuesta que fue rechazada.

En retaliación los paramilitares realizaron una serie de hechos violentos en este predio y sus alrededores. 

Esta familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Monterrey y luego al casco urbano de Tauramena.

En el año de 2015, intentaron vender el predio, pero uno de sus integrantes fue asesinado y por lo tanto, decidieron no continuar con el negocio.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, señaló que gracias al acompañamiento judicial brindado por la entidad, “la justicia emitió la sentencia que devuelve la tierra a la familia Cano integrada por una viuda, dos hijos y sus cuatro nietos y con la cual ratifica el avance de la restitución de los derechos territoriales de las víctimas en ese departamento”.

Los beneficiarios de este fallo de restitución, también tendrán derecho a un proyecto productivo que les permitirá alcanzar un futuro sostenible, la reparación integral a través del acceso a la oferta institucional del Estado y al alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones; y la inclusión en programas de generación de ingresos.   

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