Recluido en una carceleta y a órdenes de las autoridades, mientras se define la hora de su comparecencia ante un juez para realizar los trámites de audiencias concentradas (legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento), pasó su aniversario de elección, el Concejal maniceño del Partido MAIS, Wilder Alexander García.
El dirigente fue capturado el martes 27 de octubre hacia el medio día, por orden de un Juzgado que lo requiere en medio de un proceso por violencia intrafamiliar instaurado por su pareja sentimental, debido a constantes agresiones desde julio de 2019 hasta la fecha.
Según se conoció, la captura de García tiene “revolucionado” el ambiente político en Maní.
“Ayer hubo mucha visita, mucha llamada, altos funcionarios de la Alcaldía estuvieron ‘muy pendientes’ de la situación del detenido Concejal, así como su compañera y el Presidente del Concejo maniceño”, afirmaron fuentes consultadas por este medio.
Sin embargo, tal parece que la “preocupación” en círculos de la Alcaldía de Maní, más que por el bienestar del corporado, estaría motivada por los alcances que puede tener un segundo proceso que contra García avanza, esta vez en el Consejo de Estado. En dicha demanda, por una conducta similar, también está vinculado el Presidente del Concejo.
EL OTRO “ROLLO” JUDICIAL
Se trata de una demanda de pérdida de investidura, interpuesta en su contra, señalándolo de un presunto caso de tráfico de influencias y violación a régimen de inhabilidades e incompatibilidades, puesto que su compañera sentimental (demandante incluso en su contra por el caso de violencia intrafamiliar), fue contratada por la Alcaldía, situación que de demostrarse la relación conyugal de García, acarrearía su salida del Concejo e implicaciones legales para la contratista y la entidad contratante.
Este proceso que en fallo de primera instancia en el Tribunal Administrativo de Casanare, favoreció al Concejal por una supuesta “separación” que García y su esposa tramitaron ante una Notaría en Trinidad (Casanare), fue apelado, instancia que está próxima a dirimirse en el Consejo de Estado.
La grave implicación que hay, es que esta demanda de violencia intrafamiliar demostraría que la tal “separación” fue una maniobra para desvirtuar el nexo conyugal y que sí existía tal vínculo cuando la Alcaldía enganchó laboralmente a la esposa-demandante. De acoger el Consejo de Estado la pretensión, no solo el Concejal perdería su curul sino que habría implicaciones para la Alcaldía (como entidad contratante) y para las demás partes, incluidas las Notarías de Trinidad y Orocué, cuya actuación ya se pidió ante el Consejo de Estado que sea investigada.
La audiencia, por el caso de violencia intrafamiliar, está programada para las 10:30 a.m. de hoy.
