Con un porcentaje superior al 64,5%, la rama judicial en Casanare resulta subcampeona nacional de congestión procesal, solo superada por la Guajira y superando en el vergonzoso indicador a Cauca, Meta, Magdalena y Valle.
La cifra se obtuvo luego de un seguimiento de la Contraloría General de la República (CGR) a los indicadores de gestión de la Rama Judicial del país.
Según la CGR las cifras de congestión procesal en el país son muy preocupantes, tanto que en 2019, por cada 100 procesos que cursaban en los despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en 2020.
En promedio la jurisdicción ordinaria presentó un indicador de 49,40%, mientras que en otras la congestión se ubicó así:
*La administrativa, con 60,02%.
*La disciplinaria, con 58,84%.
*La laboral, con 57,63%.
*La civil, con 53,59%.
*La de familia, con 53,25%.
Cifras por distritos judiciales
La Contraloría determinó que 34 distritos judiciales superaron el promedio nacional de congestión y, entre ellos, los más congestionados, La Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle, estuvieron por encima del 64,5%.
Entre tanto, Manizales, Armenia, San Andrés y Providencia, Florencia, Pamplona y Buga, registran índices inferiores a 44% de congestión.
Sin embargo, el índice de evacuación parcial efectivo a diciembre de 2019 fue de 83,97% y fue 1,4 puntos porcentuales mayor al de 2018, que fue de 82,57%.
Esto indica que, en los últimos años el comportamiento en materia de eficacia en la gestión de la Rama Judicial para resolver los procesos, creció pero no con la rapidez que requieren los usuarios.
Reforma a la justicia con utilización de nuevas tecnologías
La CGR considera que el sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios.
También sugiere masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, y menciona la urgencia de capacitar a los servidores en nuevas tecnologías que permitan optimizar recursos y descongestionar despachos, mediante un modelo de arquitectura empresarial.
Igual, considera indispensable fortalecer el sistema de oferta gratuita de asesoría y asistencia jurídica para los ciudadanos que no tienen recursos, con el fin de evitar la sobrecarga de los despachos.
Y es fundamental “promover las formas desjudicializadas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación, el arbitraje, el amigable componedor y jueces de paz, para que no todos los conflictos lleguen a los estrados judiciales”.
Personal de la Rama
Para 2019, la planta de la rama Judicial alcanzó 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4% del total, tenían funciones de juzgamiento.
Por cada juez o magistrado hay 4,76 empleados judiciales, cifra que se mantiene constante desde 2018.
En un país como Colombia, con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.
Indicadores de productividad
No hay evidencia de un incremento considerable en el número de personal juzgador vinculado a la Rama Judicial, pues se pasó de 5.471 en 2018 a 5.473 en 2019, con un aumento de tan solo el 0,04%.
En cuanto a la carga laboral por juzgador se tiene que para la vigencia 2019, se presentó un indicador de 882 procesos, con un aumento de 4,27 con respecto a 2018.
El indicador de productividad total y efectiva, alcanzó 494 y 411 procesos por juez o magistrado, respectivamente.
Sin embargo, aunque la carga laboral por juez aumentó levemente, así como las productividades totales, los resultados obtenidos no presentan mejoras sustanciales en materia de descongestión judicial, como se observa en el número del inventario final de procesos judiciales, que alcanzó los 1’913.309 en 2019.
En cuanto a demandas contra el Estado por fallas atribuibles a la Justicia, el total apropiado para el pago de sentencias y conciliaciones fue de $142.873 millones, distribuidos porcentualmente así:
- Consejo Superior de la Judicatura: 39,41%
- Fiscalía General de la Nación; 29,91%
- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario: 16,20%
- Procuraduría General de la Nación: 14,13%.
Por otra parte, en el sistema penitenciario y carcelario 38.079 de los cupos intramurales, es decir el 31%, está ocupado por sindicados, lo que indica que el proceso judicial no está atendiendo de forma oportuna y efectiva los términos establecidos y genera riesgos de demandas en contra de la Nación.
