Una familia integrada por la viuda y sus dos hijos volverá a tener vivienda propia tras 21 años del abandono forzado de su predio de siete hectáreas y 9.930 metros cuadrados, ubicado en la vereda Caño Rojo de Lejanías (Meta), por cuenta del asedio de los paramilitares. Así lo contempla un fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la restitución del predio mediante la figura de la compensación.
En 1995, la pareja de esposos adquirió dicha propiedad mediante un negocio de compraventa. Allí criaban ganado y cultivaban café, plátano y pasto. Pero con el paso del tiempo, su tranquilidad se vio afectada por la presencia de grupos paramilitares en la zona.
El 9 de mayo de 2003 fue el día más fatídico para esta familia, porque hombres armados -que se identificaron como integrantes de las autodefensas- sacaron de la vivienda al jefe del hogar, se lo llevaron hacia la carretera y lo asesinaron de un disparo en la cabeza. Entre tanto, un paramilitar conocido con el alias de “05” se quedó en la casa con la mujer y los hijos y les dio cinco minutos para salir o de lo contrario correrían con la misma suerte del esposo.
Entonces huyeron hacia el municipio de Fuentedeoro, para salvaguardar sus vidas. Entre tanto, los paramilitares ocuparon la finca durante un mes, quemaron los cultivos y se llevaron las reses.
Hasta la fecha, los reclamantes no entienden las razones de este grupo ilegal para cometer el homicidio del jefe del hogar, quien había sido presidente la Junta de Acción Comunal de la vereda, pero nunca tuvo problemas con nadie.
Una vez entró en vigencia le Ley 1448 de 2011, la viuda y sus hijos acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras en Villavicencio, para que llevara su caso ante la justicia. Por ello hoy lograron la restitución mediante compensación ya que, por su avanzada edad y quebrantos de salud, la mujer no quiere regresar al predio abandonado.
El opositor del caso argumentó que llevaba más de 10 años en el predio y que lo había adquirido legalmente, por lo tanto el Tribunal Superior de Bogotá, declaró que fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa y, por lo tanto, esta persona continuara residiendo en la finca.
También, la justicia dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de la familia restituida en la política pública del retorno, entre otros beneficios.
