• Durante el primer trimestre de 2020, los colaboradores de la URT recogerán las pruebas correspondientes a la etapa administrativa del proceso, para la restitución de los predios reclamados.
Atender oportunamente las solicitudes de las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en los cuatro departamentos llaneros es el objetivo de las actividades de comunicación y georreferenciación.
Adriana Trujillo, directora de la URT en Meta, indicó que “los profesionales del área de catastral la Unidad se están desplazando a las zonas rurales y urbanas de los municipios donde hay solicitudes, en cumplimiento de las actividades en terreno contempladas en la Ley 1448 de 2011”.
Las labores de comunicación consisten en hacer la entrega del documento que notifica la Resolución por la cual se da inicio al estudio formal y se implementa el enfoque diferencial de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en las zonas que cuentan con el aval de la Fuerza Pública para su intervención.
La labor de georreferenciación o levantamiento topográfico permite determinar con precisión los predios objeto de despojo. Estos son insumos para la elaboración de los informes técnicos prediales.
“El personal encargado cuenta con el acompañamiento de la Fuerza Pública y está debidamente identificando con carné de la Unidad, para que las personas que habitan las zonas de trabajo tengan claro que es el Gobierno el que está cumpliendo con las labores”, aseguró la directora Trujillo.
De acuerdo con el cronograma establecido por la URT, durante el primer trimestre del año se realizarán labores en terreno así: en Meta, serán intervenidos los municipios de Mapiripán, Mesetas, El castillo y Puerto Concordia; en el Vichada, serán cumplidas varias tareas en Cumaribo; en Casanare, los colaboradores se desplazarán a Paz de Ariporo, Maní y Nunchía; y en el Guaviare, las labores serán desarrolladas en los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.