El Tribunal Administrativo de Casanare admitió una acción popular por el deterioro de la seguridad y la expansión de grupos armados ilegales
en el departamento.
La decisión abre la posibilidad de que se evalúen medidas urgentes para proteger a la población civil y los derechos colectivos a la paz y la seguridad pública en esta región de la Orinoquía.
La demanda fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el presidente de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, por presuntas omisiones en el control territorial y en la protección de la población civil.
Según la demanda, estas omisiones han permitido la vulneración sistemática de los derechos a la paz y la seguridad pública de los habitantes.
Con su admisión, el Tribunal consideró que existen elementos suficientes para estudiar de fondo la actuación del Estado frente a la crisis de orden público en el Casanare.
Este proceso judicial se da en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en municipios como Yopal, Aguazul, Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena, Villanueva, Sácama, Támara, Hato Corozal y Paz de Ariporo.
La demanda documenta la presencia y expansión en estas zonas de estructuras armadas ilegales, entre ellas el ELN, facciones disidentes de las FARC y otros grupos armados organizados, que tienen impacto directo sobre la población civil.
La argumentación de los demandantes recoge alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e informes de organismos nacionales e internacionales que advierten sobre confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales, restricciones a la movilidad y perjuicios graves a comunidades indígenas.
En particular, se destaca la situación del resguardo indígena Caño Mochuelo, donde varios pueblos han sido afectados por el avance de actores armados y la imposición de controles ilegales sobre el territorio.
Según lo expuesto en la acción popular, la situación de seguridad se ha agravado tras la implementación de ceses al fuego y procesos de diálogo que no han estado acompañados de mecanismos eficaces de verificación ni de una presencia estatal suficiente para contener la expansión de los grupos armados.
Esto ha derivado en un aumento del accionar violento y del control armado de estos grupos ilegales en distintas zonas del departamento.
Ahora el Tribunal Administrativo de Casanare deberá pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares de urgencia, que podrían traducirse en órdenes inmediatas para fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de seguridad en los municipios más afectados.
