La Superintendencia Nacional de Salud efectuó la
intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas, y ordenó la
toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el
estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el
creciente número de quejas de sus usuarios.
Ello, según la entidad, pone en riesgo la
prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados.
«La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de
inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud
a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y
concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de
servicios de salud”, señaló la resolución mediante la cual el Superintendente Luis
Carlos Leal Angarita ordenó, por el término de un año, la medida de intervención
forzosa administrativa para administrar esta EPS.
Para la Supersalud, es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven
directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el
incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.
Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de
los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva
técnica.
Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la
obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías
en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía
del derecho a la salud a su población afiliada.
A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones
de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino
de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.
«Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las
funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de
trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a
garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como
para prestadores de servicios de salud.
Esta medida se toma con el ánimo de
proteger los intereses y la salud de la población así que este mensaje es de
tranquilidad, no se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS; es una
intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de
los errores administrativos que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la
salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, aseguró el
Superintendente Luis Carlos Leal.
Alarmante aumento de quejas y tutelas
Se constató, así mismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones
dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y
una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera
significativamente el promedio nacional.
Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis
en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios,
sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud
prometidos y los efectivamente entregados.
Dicha disparidad, sumada a una falta
crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales como tutelas e incidentes de
desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como
proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de
atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere
una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.
Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas
fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de
tecnologías en salud, y en la autorización y atención de otros servicios de salud.
Tales deficiencias son indicativas de una vulneración sistemática de los principios
de continuidad, disponibilidad, accesibilidad, y oportunidad en la prestación de
servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la
legislación vigente.
Este escenario refleja, una violación de los derechos básicos de
los usuarios.
Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a
Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios y lleve a cabo el proceso de intervención
