En un reciente fallo judicial, el Tribunal revocó la decisión que había frenado temporalmente un desalojo en Yopal, negando la acción de tutela interpuesta por Emilse González y Wilson Henry Ortiz Santos contra la Alcaldía Municipal y otras entidades.
Los demandantes alegaban ser víctimas del conflicto armado y encontrarse en extrema vulnerabilidad debido a problemas de salud que limitan su movilidad. En su recurso, solicitaban la suspensión de la orden de desalojo emitida por la Inspección Cuarta de Policía, argumentando su derecho a una vivienda digna y a una protección especial por su condición.
En primera instancia, la jueza a cargo había concedido parcialmente la tutela, ordenando suspender el desalojo hasta que se les garantizara una reubicación habitacional adecuada. Sin embargo, la decisión de segunda instancia dio un giro al caso: el fallo fue revocado y se respaldó la legalidad de la medida de desalojo.
El Tribunal concluyó que los accionantes no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad exigidos para acceder a medidas especiales, y que la ocupación irregular del predio estaba causando un deterioro ambiental significativo. Además, recordó que el derecho a la vivienda digna está sujeto a criterios y procedimientos establecidos para el acceso a subsidios.
La Corte Constitucional ha reiterado que los desalojos pueden ser legítimos siempre que se realicen dentro del marco legal y sin vulnerar derechos fundamentales, un principio que, según la autoridad judicial, se cumplió en este caso.
