Quejas contra Nueva EPS se disparan 107% en 2025: más de 14.600 en un año revela informe de la Defensoría del Pueblo

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El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus crisis más profundas, y las cifras recientes de la Defensoría del Pueblo confirman que los usuarios están pagando el precio más alto. En el centro de esta tormenta se encuentra Nueva EPS, la entidad que ha visto cómo el descontento de sus afiliados se duplicó en apenas doce meses, obligando a las autoridades a activar un mecanismo de intervención urgente.

Una explosión de reclamos en 2025

De acuerdo con el último reporte de la entidad nacional de derechos humanos, las quejas contra Nueva EPS experimentaron un crecimiento vertiginoso del 107% durante el año 2025. En total, se registraron 14.603 reclamaciones en un solo año, evidenciando barreras persistentes que impiden a los ciudadanos acceder de forma oportuna a servicios esenciales.

Sin embargo, el panorama es aún más sombrío si se analiza el acumulado reciente. Entre 2022 y 2025, la Defensoría ha recibido más de 107.000 quejas por vulneraciones al derecho a la salud en todo el país, impulsadas principalmente por las demoras y la negación en la entrega de medicamentos.

Pacientes de alto costo: Los más vulnerables

La crisis ha golpeado con especial dureza a quienes no pueden esperar: los pacientes de alto costo. Las estadísticas revelan una situación crítica entre noviembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se conocieron aproximadamente 5.000 quejas de este sector poblacional.

La agudización del problema alcanzó un pico alarmante el pasado mes de enero, cuando se reportaron cerca de 1.100 casos en solo 20 días. Estas cifras no son solo números; representan una agudización de las barreras de acceso a tratamientos vitales incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

DIPSA: La estrategia para rescatar el derecho a la vida

Ante esta «crisis estructural», la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, puso en marcha los Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA). Esta estrategia busca activar respuestas urgentes ante situaciones que amenacen la vida de los afiliados.

La primera mesa nacional se instaló en Bogotá con la participación de los «pesos pesados» del sector: el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la Adres y directivos de Nueva EPS. El objetivo es claro: remover barreras operativas y establecer rutas de atención ágiles, especialmente para casos de urgencia vital.

Compromisos y regiones priorizadas

El diálogo ya ha arrojado los primeros compromisos operativos para aliviar la carga de los usuarios:

  • Medicamentos: Se acordó avanzar en entregas masivas de fármacos, solucionar los pendientes acumulados e implementar operadores para la entrega domiciliaria.
  • Pagos: Se revisará la estabilización de pagos bajo la propuesta de la Supersalud, verificando el cumplimiento de compromisos financieros a través de comisiones de moralización.
  • Asuntos Judiciales: Nueva EPS deberá priorizar el cumplimiento de tutelas y acciones populares vigentes, estableciendo contacto directo con su oficina de gestión crítica de tutelas.
  • Territorios: Se priorizará el seguimiento en regiones con alta densidad de afiliados donde las barreras son más marcadas, como Arauca, Chocó, Guaviare, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander, entre otras.

Un llamado a la acción inmediata

La Defensora Marín Ortiz enfatizó que DIPSA no es solo una mesa de conversación, sino un mecanismo orientado a la activación de compromisos operativos inmediatos. La estrategia se fundamenta en hallazgos del informe defensorial «Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados» y en el seguimiento realizado en 17 departamentos, con un impacto potencial sobre más de 20 millones de personas.

La Defensoría del Pueblo ha reiterado que todos los actores del sistema deben honrar sus responsabilidades. En un país donde la salud es un derecho fundamental, superar las barreras de acceso ya no es una opción, sino una urgencia nacional para proteger la vida de los más vulnerables.

Entre 2022 y 2025, la Defensoría del Pueblo recibió cerca de 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud, siendo la falta de oportunidad y la negación de medicamentos las principales causas

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