Mientras el Secretario de Educación Departamental se mantiene en un férreo silencio, negándose a responder requerimientos de la prensa sobre las crecientes dudas sobre la transparencia de la contratación del PAE en Casanare, otro ente de control se suma a las voces de duda sobre dicha contratación, como en su momento lo hiciera la Contraloría General sobre la ejecución de este programa.
En las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en averiguación de responsables de la Gobernación de Casanare, por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato del servicio de alimentación escolar para estudiantes matriculados en la estrategia de «residencias escolares» de las instituciones educativas oficiales del departamento, que fue declarado desierto.
El ente de control disciplinario señaló que, al parecer, en desarrollo del proceso, el comité evaluador habría aceptado que un proponente presentara observaciones extemporáneas al informe de evaluación.
La indagación también busca establecer la presunta intención, por parte de dicho comité, de adjudicar el contrato a un postulante que, según los denunciantes, no cumplía con los requisitos habilitantes de tipo jurídico, técnico y financiero.
También se denunció una presunta dilación injustificada de la audiencia de adjudicación y un posible riesgo de omisión del proceso licitatorio que, a juicio del quejoso, tenía por objeto justificar la declaratoria de una urgencia manifiesta que permitiría realizar la contratación de manera directa, eludiendo el proceso licitatorio que se encontraba en curso.
La transparencia de la licitación en cuestión fue puesta en duda al ente de control por una de las oferentes, el Consorcio YEIKOS que alegó protuberantes errores en el trámite del proceso por un valor superior a $8.400 millones, e interpuso una queja ante la Procuraduría por las maniobras en dicho proceso.
Sin embargo, y aunque el Consorio YEIKOS demostró su capacidad para ejecutar el contrato y las falencias en que incurrió el otro oferente que la inhabilitaban para que se lo adjudicaran, la Gobernación expidió la Resolución No. 123 de 2025, declarando «desierta» la adjudicación.
El oferente afectado no solo interpuso el recurso de reposición y apelación de la resolución sino que, además, recusó al Gobernador, a la Jefe de la Oficina Jurídica y a los miembros del equipo evaluador que tuvieron a cargo el análisis y toma de decisiones del proceso.
Dichos recursos están pendientes de resolver por parte del ente departamental que ahora debe entrar a explicar a la Procuraduría, las actuaciones del proceso.
LAS DUDAS DE LA CONTRALORÍA POR EL PAE EN CASANARE
A estas dudas de la Procuraduría, se suman las inquietudes que en su momento expresó la Contraloría General de la República, en una audiencia de verificación del Pograma de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional y que en el caso de Casanare mereció especial atención del ente de control fiscal.
Sobre estos casos, EL NUEVO ORIENTE ha solicitado cita con el Secretario de Educación de Casanare, Diego Fernando Ardila, sin obtener hasta el momento respuesta favorable.
