En un giro inesperado, la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado ha emitido un concepto que pone en la cuerda floja la elección de Doris Bernal Cárdenas como directora de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía) para el período 2024-2027.
Según el documento, se habrían violado múltiples normas y procedimientos, dejando en evidencia una serie de irregularidades que podrían anular su designación.
Este proceso busca invalidar su elección para dicho período, argumentando que la elección de Bernal no solo violó normas establecidas sino que también se vio empañada por irregularidades en el procedimiento electoral.
La elección de Bernal, quien ha ocupado el cargo en tres ocasiones, contraviene la ley que limita la reelección de los directores de corporaciones autónomas a una sola vez.
La Procuraduría cuestiona la legalidad de su última elección, señalando que el Consejo Directivo ignoró el mandato legal y procedió con una votación viciada por la falta de transparencia y la indebida resolución de recusaciones.
Además, el concepto destaca que la convocatoria para la sesión de elección fue apresurada e irregular, privando a varios miembros del Consejo de su derecho a participar plenamente. Esta falta de publicidad y transparencia no solo viola los principios básicos de la administración pública, sino que también pone en entredicho la legitimidad del proceso.
Uno de los puntos más destacados del concepto emitido el 13 de agosto de 2024 es la presunta violación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1263 de 2008, que establece que los directores de corporaciones autónomas regionales solo pueden ser reelegidos una vez.
La Procuraduría argumenta que la señora Bernal ha sido elegida en tres ocasiones, aunque una de ellas fue anulada, lo que técnicamente la haría elegible por segunda vez en 2023.
Sin embargo, se mantiene el cuestionamiento sobre si esta elección infringe o no las limitaciones legales establecidas.
Adicionalmente, el concepto de la Procuraduría destaca graves irregularidades en el manejo de recusaciones presentadas contra los miembros del Consejo Directivo que eligieron a Bernal.
Estas recusaciones, que cumplían con los requisitos legales, no fueron tramitadas conforme a lo estipulado por la ley, lo que vicia de nulidad el acto de elección.
También se señala que el proceso de convocatoria y citación para la elección fue apresurado y careció de la publicidad necesaria, lo que limitó la participación de algunos consejeros.
Este concepto se convierte en un elemento crucial dentro del proceso, ya que respalda las pretensiones de nulidad planteadas en las demandas.
La decisión final del Consejo de Estado podría tener un impacto significativo no solo en la continuidad de Bernal en su cargo, sino también en la credibilidad y transparencia del proceso electoral dentro de las corporaciones autónomas regionales.
Con estas revelaciones, el futuro de Bernal como directora de Corporinoquía pende de un hilo, mientras se espera que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva. La polémica está servida y la comunidad espera respuestas claras sobre este presunto abuso de poder en una de las corporaciones ambientales más importantes del país.