La Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach Pacheco, ha emitido una directiva clara y contundente para garantizar la neutralidad política de los funcionarios públicos de cara a las elecciones de 2026. Según esta directiva, firmada el 28 de agosto de 2025 (Directiva 013), se prohíbe que servidores utilicen recursos, información o su cargo para fines partidistas, bajo riesgo de recibir sanciones estrictas
La medida coincide con las fechas clave del calendario electoral: las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y las presidenciales del 31 de mayo, con una posible segunda vuelta el 21 de junio
La directiva detalla un extenso listado de prohibiciones:
- Usar el cargo o recursos públicos para hacer proselitismo político.
- Presionar a subordinados o ciudadanos para apoyar campañas.
- Utilizar bienes o información reservada del Estado con fines partidistas.
- Emplear el horario laboral en actividades políticas o financiar campañas.
- Difundir propaganda electoral en medios oficiales o redes institucionales.
- Autorizar inmuebles estatales para eventos proselitistas.
Cada servidor que incumpla estas reglas enfrentará la máxima sanción disciplinaria. Además, la ciudadanía y los órganos de control —como procuradores y personeros regionales— deberán vigilar y reportar cualquier desviación
Eljach Pacheco ha enfatizado que la neutralidad no solo fortalece la legitimidad del proceso democrático, sino que también protege los recursos públicos de ser usados como instrumentos políticos.
