La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Puerto Gaitán, Meta, José Alexander Fierro Guayara (2016 – 2019), y Jorge Edelio Plazas Hernández (2020 – 2023), así como a otras ocho personas, por las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Terminal de Transporte del municipio.
Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Infraestructura del municipio entre los años 2019 y 2022, Héctor Javier Herrera Castro, Gina Paola León Vanegas, Pablo Alexis Rodríguez Segovia, James Alberto Álvarez Pardo, Ciro Alberto Moreno Cuartas y Agustín Alonso Torres González, quienes en diferentes momentos tuvieron a su cargo la supervisión del contrato de interventoría, firmado por 266 millones de pesos.
Los cargos también se dictaron contra los representantes legales de las empresas que integraron el Consorcio Terminal 2018, encargado de la interventoría de los trabajos, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández.
Al parecer las obras objeto de la investigación se habrían iniciado sin contar con los estudios y diseños necesarios que permitieran establecer la viabilidad del proyecto, y sin contar con el aval del Ministerio de Transporte para el funcionamiento del terminal, situación que generó retrasos en el desarrollo de las obras, las cuales fueron contratadas por 5.298 millones de pesos y financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
Por su parte, los entonces secretarios de Infraestructura al parecer omitieron informar a la alcaldía que el Consorcio Terminal 2018 no veló por el estricto cumplimiento y correcta ejecución del objeto del contrato, pues no habría atendido oportunamente las observaciones hechas por el constructor respecto a las deficiencias técnicas que presentaba el proyecto, ni adelantó de manera oportuna el trámite para lograr una adición presupuestal que permitiera culminar los trabajos.
En el caso de los representantes legales de las empresas que conformaron el Consorcio Terminal 2018, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández, presuntamente omitieron informar los hechos o circunstancias que representaban un riesgo para el cumplimiento de las obras, que a la fecha registran un retraso superior a los tres años en su desarrollo.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Pablo Rodríguez es actual presidente del Concejo de Maní, luego de que accediera a la curul de oposición tras una nueva derrota electoral en 2023 cuando por segunda vez intentó alcanzar la Alcaldía de dicha localidad casanareña.
