Análisis político de EL NUEVO ORIENTE
El Caldero Político (Redacción Central)
En medio del desfile de candidatos al Senado, de todos los partidos y tendencias que incluso de la mano de reconocidas figuras de la política departamental, están recorriendo a Casanare en busca de «pescar» votos para sus aspiraciones, sobresalen controvertidas candidaturas de personajes que a pesar de sus cuestionamientos y demandas, no se ponen «ni colorados» cuando se trata de buscar el favor de los electores con algo tan sagrado como es el voto de los ciudadanos.
En tal sentido, mucho tendrán por explicar figuras locales como los diputados de Casanare que, además de estar promoviendo candidaturas foráneas a Casanare, tienen en su «maleta de recomendados» a controversiales figuras de la política nacional como los casos del candidato liberal al Senado, Richard Aguilar, o la aspirante de la ASI a la misma corporación, Berenice Bedoya, aupados electoralmente por Jorge García y Eduardo Antolínez, respectivamente.
CANDIDATURA «AL ROJO VIVO»
El candidato del Partido Liberal al Senado de la República, RICHARD ALFONSO AGUILAR, uno de los más destacados miembros del llamado «Clan Aguilar», familia de políticos santandereanos señalados de diversas actuaciones en sus diversos cargos que han ocupado y que se han traducido en procesos judiciales, investigaciones, órdenes de captura, encarcelamientos y condenas.
La candidatura de Richard Aguilar Villa al Senado de la República para este 2026 no es solo un desafío electoral, sino un caso de estudio sobre la tensión entre la justicia penal y el ejercicio del poder político.
Mientras recorre el país buscando votos, el exgobernador de Santander camina sobre un campo minado de pruebas recaudadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, debido a sus actuaciones en dicho car
El núcleo del proceso contra Aguilar se centra en una presunta empresa criminal para direccionar la contratación en Santander entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, no se trató de errores administrativos aislados, sino de un esquema estructurado de «coimas» que podrían alcanzar el 10% y 15% del valor de los contratos.
- El Estadio Alfonso López: El proyecto de remodelación, valorado en más de $24.000 millones, es la «piedra angular» del caso. La justicia posee testimonios y grabaciones que sugieren que el contrato fue entregado «a dedo» a cambio de millonarios retornos económicos.
- PAE e Infraestructura: Los cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación también abarcan irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar y el reforzamiento de la Villa Olímpica.
- La jugada procesal: En 2021, al renunciar a su curul, Aguilar logró que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía. Aunque recuperó la libertad por vencimiento de términos en 2023, esto es una garantía procesal por el paso del tiempo sin juicio, pero no implica una declaración de inocencia ni el cierre del expediente, el cual sigue en etapa de juicio oral.
(VEA INFORME PERIODISTICO TOMADO DE NOTICIAS CARACOL)
En conclusión, la suerte de Richard Aguilar en las urnas será un termómetro de la memoria del electorado. Mientras sus abogados dilatan el proceso penal, su equipo político intenta blindarlo con una nueva investidura parlamentaria que, eventualmente, podría devolver su caso a la Corte Suprema.
LA «FÓRMULA POLÉMICA» DE ANTOLÍNEZ
Además del controvertido exGerente del INDERCAS en Casanare, Edwin Ramírez (quien dejó su cargo en medio de múltiples cuestionamientos de un amplio sector de ligas deportivas), la aspiración electoral de la máxima autoridad política del Partido ASI (Berenice Bedoya) de continuar en el Senado, se apoya en terrritorio casanareño en la figura del diputado Eduardo Antolínez.
Reconocido como un dirigente del sector de la salud, veedor del funcionamiento de este sector en Casanare, Antolínez se ha caracterizado por su postura de apoyo al gobierno departamental por lo que su respaldo ha recalado en temas de Cámara de Representantes en la figura de Diego García, mientras que por «disciplina de partido» su respaldo al Senado es con la pomémica senadora Berenice.
En medio de su campaña, la senadora y presidenta de la ASI, Berenice Bedoya, enfrenta hoy el capítulo más oscuro de su carrera política.
A los cuestionamientos por el manejo administrativo de los avales se suma ahora una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia que describe un presunto esquema de extorsión institucionalizada dentro de su propia Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El periodista e investigador Sergio Mesa, quien se desempeñó como asesor de la senadora entre 2024 y 2025, ha roto el silencio con pruebas que apuntan a una práctica sistemática de exigencias económicas:
- La «Cuota» Familiar: Según la denuncia, Mesa debía entregar mensualmente una parte sustancial de su salario como «compromiso» para mantener el cargo. Inicialmente, la suma ascendía a 4 millones de pesos, los cuales presuntamente debían entregarse al entonces yerno de la senadora, quien, siendo servidor público en Medellín, no podía figurar en la nómina del Senado.
- Rebaja y Redirección: Posteriormente, la exigencia habría bajado a 2.5 millones de pesos, pero esta vez el dinero debía ser entregado directamente a Valeria Bedoya, hija de la congresista.
- Evidencia en WhatsApp: Mesa ha puesto a disposición de la justicia capturas de pantalla y mensajes de audio que demostrarían las presiones y los llamados de atención cuando los pagos se retrasaban. La senadora, por su parte, ha calificado estas acusaciones como una «estrategia orquestada» por el despido de Mesa, a quien señala de haber abusado de su nombre.
No es el único frente abierto. El nombre de Bedoya también ha resonado en las investigaciones por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se indaga si hubo direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla a cambio de favores políticos. A esto se suman procesos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta «mercantilización» de personerías jurídicas, convirtiendo a la ASI en una «fábrica de avales» bajo su mando personal.
