Una cadena de anomalías que incluso rozan responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, detectó la Contraloría General de la República en la revisión al controvertido y polémico contrato de la Alcaldía de Yopal para un multimillonario plan de pavimentación en la ciudad.
Como se recordará el contrato 0784 del 2019 firmado por el entonces alcalde, Leonardo Puentes, tenía como objeto la “pavimentación de la red vial urbana en las comunas 1, 3, 4 y 5 del municipio”, en total 140 tramos de pavimento rígido o concreto.
Lo paradójico es que de estos 140 tramos en una revisión del Departamento Nacional de Planeación (DNP), halló que cerca de medio kilómetro de vías que se detallan en el contrato ya se habían contratado por la Gobernación de Casanare mediante el proceso CAS-OAJ-LP-013-2018, estas vías estaban ubicadas en los barrios 20 de Julio y Nuevo Hábitat.
En este sentido y según un informe entregado por la Contraloría General de la República, la Alcaldía de Yopal responsabiliza a la Gobernación de Casanare por no tener en cuenta lo planteado en el proyecto de pavimentación de la comunas y por modificar el contrato 1028 de 2018, sin informar al ente municipal.
Sin embargo, esto solo demuestra el limitado accionar de la Alcaldía al no verificar técnicamente el estado de las vías, además el municipio solo habría actuado cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó verificación de las obras e informó de la duplicidad de vías a intervenir tanto en el contrato de la Gobernación como en el suyo.
También se determinó que durante la ejecución del contrato se redujó en 592,73 metros de pavimentación de vía, también evidenciaron que los diseños donados estaban incompletos y se requería de actividades e ítems no previstos en el diseño de la obra que ascendían a $523.400.886, los cuales fueron compensados con menores cantidades de obra en otros frentes: es decir, hubo una mala planeación en este multimillonario contrato.
Desde la suscripción del Acta de Inicio, el 9 de mayo de 2019, el proyecto ha sido suspendido en cuatro ocasiones, cada una con múltiples ampliaciones y ha sido afectado por siete prórrogas, es decir, que inicialmente se contempló la ejecución en un término de diez (10) meses y hoy en día va en 39 meses y aun no se finiquita la totalidad de las obras previstas, aun así la Alcaldía de Yopal el pasado 5 de febrero del 2022 firmó un otrosí en el que le adicionan 5 mil 432 millones de pesos a este contrato.
Es decir que ya casi supera los 38 mil millones de pesos.
Según la Contraloría otra presunta anomalía que se ha presentado en desarrollo de la ejecución de las obras es respecto al Plan de Manejo de Trafico, puesto que se evidencian presuntas irregularidades en su aplicación, las cuales conllevaron a que el día 21 de noviembre de 2019 en el sector de la carrera 27 con calle 36, se ocasionara la muerte de la menor ANGIE DANIELA RIVERA KIKIVE de 8 años.
En dicha ocasión la niña, que se encontraba jugando en el sector en donde se estaba adelantando la pavimentación de las vías, y quien cayó en una excavación y fue succionada por un tubo del sistema de alcantarillado que la arrastró 100 metros hasta llegar a una alcantarilla donde el equipo de bomberos logró sacarla.
En el informe presentado por el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYENDO YOPAL, se encuentran presuntas falsedades respecto de las realidades encontradas en la noche en que ocurrió el accidente que conllevó a la muerte de la niña, puesto que el ente de control logró acceder a imágenes y videos de noticias de cómo se encontraba el lugar el día del lamentable accidente, y en ellas se evidencia que la señalización en el tramo F15 era precaria, comparado con información que habría aportado el contratista a la Contraloría. Por lo que el ente de control advierte sobre una presunta falsedad en documento público.
Por otro lado llamó la atención del ente de control que la Alcaldía no habría efectuado los cobros por concepto de la Sobretasa Bomberil, impuesto de Tableros y Vallas del contrato de vías e incluso habrían cobrado un valor más bajo de impuestos de industria y comercio para el contrato de interventoría.
En resumen la Contraloría General de la República aprobó en Comité Técnico Intersectorial No. 21 del 16 de junio de 2022, la configuración de un (1) hallazgo administrativo con presunta connotación Disciplinaria y Fiscal por valor de DOS MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2.053.657.658).
Lo paradójico es que este medio de comunicación adelantó un proceso de investigación periodística el 4 de diciembre del 2019, apenas cuando se llevaba cerca de 6 meses de ejecución de las obras de este contrato y en aquella época ÁLVARO RIVERA, quien como ahora también fungía como secretario de obras municipal, en su momento defendió la “extraordinaria” ejecución de esta contratista.
Aunque en aquella época se le planteó las presuntas falencias que tenía la contratista Unión Temporal Construyendo Yopal en cuanto a la señalización y protección de las obras para evitar accidentes, contestó que: “Nosotros evidenciamos que todo lo que tiene que ver con la señalización y con salud ocupacional es la óptima, certificamos que se dé inicio a las obras y que se garantice la normatividad”… “mensualmente recibimos de la interventoría y de la supervisión informes bien sustentados que luego pasan al supervisor de apoyo y le damos viabilidad”…”La supervisión es muy estricta”, fueron algunas de las calificaciones con las que defendió Rivera a esta firma contratista.
Se conoce que todos hechos fueron producto del trabajo de la veeduría ciudadana que ha venido ejerciendo del debido control a la ejecución de esta obra, y quienes también habrían denunciado esta serie de irregularidades ante la Procuraduría por temas disciplinarios e incluso que la Fiscalía 13 seccional Casanare estaría adelantando investigación penal por estos mismos hechos.
Hoy jueves 8 de septiembre a instancias de la Procuraduría se adelantó reunión entre administración municipal y la veeduría a este contrato y Sonia Ruíz Secretaria de Planeación quien fue designada por el alcalde para atender este requerimiento dijo que “Se dejaron compromisos, de recorrer todos los tramos que se van a intervenir en los tramos del barrio San Martín, y se les entregará informe a la veeduría para que verifiquen que esta obra se está ejecutando dentro de los parámetros normales que se tienen”. Frente al reciente informe entregado por la Contraloría General de la República la funcionaria manifestó “estamos verificando con la interventoría y la auditoría para responder al ente de control, pero lo que sí reconoció es la mala planeación a la hora de adjudicar este contrato en el 2019. Aunque Álvaro Rivera, secretario de Obras del municipio conoce a fondo esta problemática, por que él firmó el acta de inicio de este proceso, acompañó la entrevista que este medio de comunicación adelantó al respecto, pero esta vez se mantuvo en absoluto silencio.
Por su parte Yesid Goyeneche veedor de este contrato manifestó que seguirán los procesos que se requieran para que se culminen las obras, pero que también se garantice la calidad de las mismas.
