Un nuevo encuentro de autoridades a cargo de la culminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal, se intentó realizar el día anterior con el ánimo de buscar puntos de acuerdo en las obras complementarias que deben entregar antes del 17 de septiembre al Tribunal Administrativo de Casanare, quien lleva el proceso de acción popular que busca que esta obra quede funcionando al 100% y que garantice continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua para la capital Casanareña.
Así las cosas la reunión del día anterior quedó suspendida porque la Gobernación de Casanare presentó informe del proyecto de obras de protección de la línea de conducción desde la planta de Tratamiento hasta el puente de la Cabuya, pero hicieron varios reparos a los resultados de la consultoría pues según la administración seccional la consultoría no entregó plan de manejo de aguas en la perforación que debe adelantarse para la construcción de los caisser (cimentaciones subterráneas con las que pretenden darle estabilidad al terreno para proteger las obras) pues dichas perforaciones son de más de dos metros de profundidad y seguramente aparecerán corrientes de agua y no hay plan de manejo de las mismas. De igual manera este contratista tampoco entregó permisos ambientales, ocupación de cauce, concesión de aguas temporales y aprovechamiento forestal y parece que no hay radicado ninguna solicitud de estas ante la autoridad ambiental. Finalmente la Gobernación también reclamó que Findeter no ha entregado certificación de que este proyecto no se ejecuta en zona de riesgo o afectación y todos estos documentos son requisitos indispensables para lograr que a la Gobernación se le apruebe dicho proyecto por el Sistema General de Regalías.
Findeter no pudo dar respuesta a los planteamientos de la Gobernación, porque el vocero de la parte técnica de la entidad quedó sin acceso a datos, argumentando que se encontraba en carretera.
Por esta razón se suspendió esta reunión de verificación y se aplazó para el próximo 10 de septiembre, fecha en la que deberán definir las acciones de cada entidad de acuerdo a los requerimientos del Tribunal Administrativo.
